Valiosa Jurisprudencia

La sentencia que obliga a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) a suministrarle al periodista Huchi Lora datos técnicos que solicitara sobre la construcción del Metro de Santo Domingo, que en principio les fueron negados, establece una valiosa jurisprudencia en el ámbito de aplicación de la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública, número 200-04.

La sentencia entona no solamente con el espíritu y los fines de la citada ley, sino que además entona con las prédicas frecuentes de funcionarios del Gobierno en lo que concierne a transparencia en la gestión pública.

En el presente caso se trata de una decisión derivada del conocimiento de un Recurso de Amparo elevado por el periodista Lora como respuesta a la resistencia de la OPRET a entregar los datos solicitados en un ejercicio del derecho que garantiza la Ley 200-04.

Pero como la ley rige por igual para todos, cualquier ciudadano que solicite por los medios debidos información acerca de asuntos del Estado y, como en el caso que nos ocupa, les fueren negados, está asistido del derecho de recurrir a las instancias legales que la ley prevé para reclamar la satisfacción de sus requerimientos.

Se trata de un salto importante en materia de hacer respetar derechos cívicos que, en el caso de referencia, atañen de manera específica y especial al de libre acceso a la información pública.

Con esta sentencia el país se inscribe en la lista de naciones que hacen valer las prerrogativas y derechos de los ciudadanos

Preocupante

La sentencia que obliga a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) a suministrarle al periodista Huchi Lora datos técnicos que solicitara sobre la construcción del Metro de Santo Domingo, que en principio les fueron negados, establece una valiosa jurisprudencia en el ámbito de aplicación de la Ley General sobre Libre Acceso a la Información Pública, número 200-04.

La sentencia entona no solamente con el espíritu y los fines de la citada ley, sino que además entona con las prédicas frecuentes de funcionarios del Gobierno en lo que concierne a transparencia en la gestión pública.

En el presente caso se trata de una decisión derivada del conocimiento de un Recurso de Amparo elevado por el periodista Lora como respuesta a la resistencia de la OPRET a entregar los datos solicitados en un ejercicio del derecho que garantiza la Ley 200-04.

Pero como la ley rige por igual para todos, cualquier ciudadano que solicite por los medios debidos información acerca de asuntos del Estado y, como en el caso que nos ocupa, les fueren negados, está asistido del derecho de recurrir a las instancias legales que la ley prevé para reclamar la satisfacción de sus requerimientos.

Se trata de un salto importante en materia de hacer respetar derechos cívicos que, en el caso de referencia, atañen de manera específica y especial al de libre acceso a la información pública.

Con esta sentencia el país se inscribe en la lista de naciones que hacen valer las prerrogativas y derechos de los ciudadanos por encima de la voluntad de quienes, dotados de una dosis de poder público, se sienten en el derecho de secuestrar derechos individuales.

La sentencia está ahí y su mandato es contundente. Y a menos que se quiera caer en una rebeldía insensata, hay que acatarla, cumplirla y tomarla como marco de referencia para normar la conducta de los funcionarios públicos cuando ciudadanos en pleno uso de sus derechos cívicos les requieran información sobre asuntos de Estado.

En un informe divulgado este viernes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresa su preocupación por la deficiente preparación de los trabajadores de Centroamérica y República Dominicana.

El organismo establece entre las causas de esa situación el hecho de que las empresas, probablemente por razones de ahorro, están recurriendo a la contratación de gente cada vez menos preparada y, por ende, menos exigente en términos de remuneración.

También cita la desventaja de la mujer en el mercado laboral, señalando que mientras el desempleo afecta a un 6% de los hombres, el promedio regional en el caso de la mujer alcanza un 14% y en casos como el de la República Dominicana ese índice alcanza nada menos que un 29%.

Estas revelaciones de la OIT obligan a cuestionar los medios por los cuales estos países pretenden ser competitivos en la apertura de mercados.