Una revisión somera de nuestras experiencias en el ejercicio democrático nos llevaría al razonamiento de que es necesario introducir cambios sustanciales en la forma de hacer política, de manejar los recursos del erario como aspirantes a la continuidad, de competir por el poder y de acopiar recursos para el activismo proselitista.

Nos conduciría, también, a censurar la vaguedad de contenido del discurso político, la ausencia de propuestas coherentes con la realidad de los problemas y por demás practicables, el vacío de autoridad y la depredación predominantes en los insufribles y excesivamente largos períodos de transición.

Una introspección desapasionada en este ejercicio que iniciamos luego de haber sido depuesta la tiranía trujillista, nos conduciría a desear que la transparencia fuese la carta de presentación financiera de los partidos y que desde el poder, sobre todo cuando se aspira al continuismo, se respete la sagrada separación que debe existir siempre entre lo oficial y lo partidista.

Si incurriéramos en una revisión de este tipo, terminaríamos por repudiar la divulgación de informes basados en falsedades, el fomento del vicio por medio de la repartición de bebidas alcohólicas en las manifestaciones y la proliferación de armas que, en todo caso, resultan ofensivas por cuanto la competencia democrática deberá ser siempre de ideas y conceptos, no de armas y fuerza.

Por esas y otras muchas razones y vivencias de nuestro quehacer democrático, resulta oportuno y valioso el «Código de Etica para la Campaña Electoral» propuesto por el grupo cívico Participación Ciudadana, una organización no partidista que se ha convertido en celoso guardián del ejercicio democrático dominicano.

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En los dieciséis puntos de esta normativa, que debería ser acogida sinceramente por los partidos políticos y sus candidatos, y hecho respetar como instrumento de auténtica fuerza moral por parte de la Junta Central Electoral (JCE), tocan las debilidades más notables y recurrentes de nuestros procesos electorales.

El fin de semana pasado en Nigua, San Cristóbal, activistas de dos de los principales partidos se enfrentaron a balazos y el resultado fue de cuatro personas heridas. ¿Qué papel, que no sea el de la provocación y la agresión, pueden jugar individuos armados en un acto en el que solo deberían interesar los discursos, las ideas, las propuestas? Los archivos de los diarios están llenos de sucesos como ese, inclusive con saldo de muertes violentas que quedan bajo el manto de impunidad que garantizan las campañas electorales.

La actividad proselitista está llamada a conducir a la búsqueda de cuotas de poder por medio de las elecciones. Como tal, la campaña debe estar adornada de todas las garantías posibles para la preservación de un clima de paz, orden y respeto colectivo entre todos los actores del proceso.

Los partidos políticos, sus organismos de dirección, sus líderes y candidatos están llamados a ser garantes del clima propicio para la campaña electoral y las elecciones, para que todos los aspirantes, por igual, tengan la oportunidad de llevar sus ideas y mensajes a los electores.

El Código de Etica que propone Participación Ciudadana nos parece un instrumento idóneo para garantizar un clima electoral adecuado, en el cual siempre haya lugar para el debate de las ideas y se destierre la medición de fuerza por otros medios indeseables. Por entenderlo así, proponemos que esta propuesta sea incorporada a las normativas generales sobre el ejercicio político y los derechos y deberes que les son consustanciales, como forma de civilizar, de una vez por todas, el ejercicio democrático.