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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La renovación y recuperación del crédito de los partidos políticos dominicanos podría iniciarse con la discusión y aprobación del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas elaborado por consenso de dirigentes de los principales partidos y representantes de la Junta Central Electoral (JCE) y de la sociedad civil.
Aunque redactado hace 5 años fue en el 2004 cuando fue introducido a la Cámara de Diputados, donde le dejaron pasar dos legislaturas sin que se haya producido siquiera el informe de la comisión que lo estudia, por lo que caducó, pero sigue siendo un marco de referencia cada vez que se habla de crisis en los partidos.
El proyecto es innovador en múltiples aspectos, resaltando que afianzaría la democracia interna de los partidos, acortaría las precampañas y campañas electorales, garantizaría la educación política de la población y establecería un régimen de transparencia y vigilancia del financiamiento político.
PERSISTENTE REFERENCIA
Este proyecto tiene una larga historia y se ha convertido en una persistente referencia cada vez que se habla de crisis en los partidos políticos y de correctivos para que esas instituciones cumplan un mejor rol en la sociedad dominicana.
Fue elaborado en el anterior período gubernamental del presidente Leonel Fernández por la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, que era como entonces se denominaba la actual Comisión Nacional de Reforma del Estado, (CONARE).
Fue entregado a la JCE y al presidente Leonel Fernández en 1999 y quedó en manos de su consultoría jurídica. Su sucesor Hipólito Mejía tampoco le dio curso y tuvo que ser introducido a la Cámara de diputados hace un año por la doctora Licelotte Marte de Barrios, activa participante en su elaboración, pero caducó al pasarle dos legislaturas sin que la comisión creada para su estudio rindiera el informe de lugar. Se afirma que ni siquiera llegó a reunirse.
Además de la doctora Marte de Barrios, por el Partido Reformista Social Cristiano también participó en su elaboración el politólogo Belarminio Ramírez. Por el Partido Revolucionario Dominicano Tirso Mejía Ricart, y Miguel Angel Rodríguez por el Partido de la Liberación Dominicana.
La JCE estuvo representada por el director de su Departamento de Partidos Políticos, Braulio Alcántara, la encargada de Capacitación Electoral, Dolores Piña, y el asesor José Silié Gatón.
También participaron doce representantes de la sociedad civil, entre ellos destacados politólogos y sociólogos, bajo la coordinación de José Angel Aquino, entonces coordinador del área de Reformas Político-Electorales de la comisión estatal.
La pieza fue consensuada tras una docena de sesiones de trabajo a lo largo de varios meses.
El proyecto es referencia persistente en los ámbitos políticos y de la sociedad civil. El doctor Luis Arias, presidente de la JCE, ponderó su procedencia en una charla hace unos meses. El 8 de diciembre último el movimiento Participación Ciudadana, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la CONARE celebró un seminario para su discusión. Decenas de dirigentes políticos y sociales así como legisladores participaron en el evento y ponderaron sus alcances, formulando aportes para su enriquecimiento.
PROMUEVE LA DEMOCRACIA
El proyecto ha cobrado actualidad tras la aprobación y promulgación de la Ley de Elecciones Primarias, que ha originado divergencias y controversias hasta en el seno de los partidos políticos. Algunos de los objetores de esta ley han planteado que su esencia debió ser parte de una ley general que regule los partidos políticos.
Una de las virtudes del documento es que promueve la democracia a lo interno de los partidos políticos, tanto en su funcionamiento como en la elección de candidatos, tras proclamarlos como instituciones esenciales para el funcionamiento del sistema democrático. Obliga a la renovación periódica de los puestos de dirección de sus organismos internos por lo menos cada cuatro años, estableciendo una sola reelección consecutiva por cargo.
Así mismo prohibe las designaciones al margen de la voluntad de los organismos competentes y los miembros del partido, consagrando el derecho de los afiliados y afiliadas a emitir un voto libre y secreto para la elección de dirigentes y candidatos, garantizando la participación de las minorías mediante el mecanismo de la proporcionalidad.
A los afiliados les garantiza no solo los tradicionales derechos a elegir y ser elegidos, sino también a recibir información sobre todas las actividades de su partido, a fiscalizarlos e incluso a presentar quejas ante la JCE.
Proclama que ningún ciudadano deberá afiliarse a más de un partido al mismo tiempo, y que la afiliación a uno implica la renuncia simultánea a toda afiliación anterior.
El proyecto obliga a los partidos a contribuir a la formación política y adiestramiento técnico de sus miembros en los asuntos de Estado, en la ideología partidaria y en los valores cívicos y patrióticos. Y para garantizarlo establece que
cada organización establecerá un centro de educación política al que tendrá que destinar el 30 por ciento del financiamiento estatal en los años que no hay elecciones y el 15 por ciento cuando las haya.
Otro aporte importante es que limita las precampañas y campañas electorales a no más de tres meses cada una. También limita la publicación de encuestas o sondeos de preferencias o intención de votos, así como de votación, desde tres días antes de las elecciones, hasta uno después.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
El proyecto presenta una serie de previsiones para la transparencia del financiamiento de los partidos, limitándolos al proveniente del Estado, de las actividades de recaudación y a las contribuciones de personas naturales. Estas últimas no podrían ser superiores al 5 por ciento del financiamiento público.
Como la actual ley electoral prohibe la recepción de recursos provenientes de las instituciones del Estado, de gobiernos e instituciones extranjeras, (exceptuando los destinados a la formación política), así como los de cualquier actividad ilícita.
Establece que cada partido tendría que llevar un libro de registro de contribuyentes y otro para consignar todos los gastos de campaña, sujetos a la supervisión de la JCE, la que podrá ordenar auditorías y en caso de violaciones suspender el financiamiento estatal. Dispone la entrega de un informe de ingresos y gastos cada 4 meses.
A la JCE se le faculta al establecimiento, mediante resolución, de una suma máxima para el gasto en las campañas electorales y a indicar topes para la cantidad de anuncios sobre propaganda electoral que los medios de comunicación pueden transmitir.
Otra novedad del proyecto de ley es que si un partido solo alcanza representación municipal, pasará a ser considerado como una organización local, sólo con derechos en los municipios donde esté representado.
La pieza legislativa establece sanciones rigurosas, que incluyen multas con sumas sujetas a ajustes por inflación, suspensión del financiamiento estatal y hasta inhabilitación a postulación para cargos electivos por un período de 5 años.
EL CRÉDITO DE LOS PARTIDOS
Seguramente que para muchos políticos algunos de estos planteamientos resultarán extremos, pero ya han sido puestos en vigor en otros países como parte de los esfuerzos por mejorar el crédito de los partidos y la calidad de la democracia.
Se asumen a conciencia de que desciende vertiginosamente la credibilidad en los partidos políticos, como vienen mostrando las encuestas que los colocan en la más baja escala de la estimación popular.
Ese descrédito ha determinado el colapso de los partidos tradicionales en países como Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia y Guatemala, donde la corrupción política alcanzó niveles alarmantes. La consecuencia ha sido estancamiento, cuando no retroceso del proceso democrático, y fuertes dificultades de gobernabilidad.
En muchos otros países, como Brasil o Uruguay, los partidos tradicionales se han visto debilitados en extremo, siendo sustituidos por coaliciones de fuerzas políticas emergentes.
La limitación de la extensión de las campañas electorales, y del monto de dinero a ser gastado por los partidos estaría llamada a reducir el costo de la actividad política, evitando la excesiva dependencia de los grandes intereses económicos que a menudo atan de antemano la autonomía de los gobernantes y representantes.
La transparencia en el manejo financiero tendería a reducir el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas, como las del narcotráfico o de la malversación de ahorros privados, de las cuales ha habido escándalos no solo en el país sino en muchas otras naciones.
Las previsiones del proyecto de Ley de Partidos Políticos están destinadas también a reducir el uso de los recursos del Estado, y por consiguiente de la corrupción administrativa, en las actividades políticas.
Hasta ahora la mayoría de los líderes políticos dominicanos no ha compartido las preocupaciones que originaron el proyecto. Pero cada vez son más los que entienden que para preservar el sistema político y afianzar el proceso democrático es urgente una legislación que renueve y democratice los partidos y haga más transparente la actividad política.
Como toda obra humana, el proyecto no será una perfección, pero parece una base excelente para comenzar a reorganizar el aparato político dominicano y evitar que el actual derrotero lo lleve a un colapso que ponga en juego el proceso democrático nacional.-
