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Dos de los factores que más inciden en el proceso de reforma de los sistemas de instrucción pública de países como el nuestro tienen como variables principales los gastos en educación que los gobiernos estén dispuestos a incurrir, y el papel que los profesores y directores de escuelas puedan desempeñar.

Tengamos siempre presente lo expresado por el secretario general de la Organización de Estados Ibéricos, Álvaro Marchesi, en el sentido de que “la calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado”. De ahí la prioridad que la gran mayoría de las reformas educativa otorga al fortalecimiento de la profesión docente.

Los gobiernos suelen destacar la importancia de la educación en el desarrollo de la sociedad y en el progreso económico de las naciones. Pero, muchos de ellos, incluyendo los nuestros, en ocasiones se empeñaron en diseñar políticas y estrategias de reducción del gasto público disfrazadas de mejoras de la educación. Como consecuencia de las aplicaciones de tales políticas, por décadas, estuvimos perdidos en un laberinto de contradicciones y desatinos. Hoy, con la firma y puesta en ejecución del Pacto Nacional por la Reforma Educativa de la República Dominicana (2014-2030), retomamos el camino correcto centrándonos en la calidad de la educación y en los componentes necesarios para garantizarla. En la actualidad, nuestra preocupación principal reside en cómo diseñar y desarrollar y poner en práctica una política educacional que ofrezca el alto nivel de cualificación que el mundo globalizado demanda. Para ello, necesitamos dos cosas iguales en importancia: recursos económicos y maestros capacitados. El autor de esta crónica no es economista ni especialista en materia de finanzas públicas, por lo que no puede responder con entera propiedad a la pregunta siguiente: ¿El comportamiento que exhibirá nuestra economía a corto o mediano plazo, nos permitirá mantener programas tan costosos como el de la tanda extendida y el de la entrega gratuita de uniformes escolares, utensilios y libros de texto a más de dos millones de estudiantes de escuelas públicas? En cambio, sí podemos encontrar una respuesta adecuada para esta otra: ¿De aquí a cuántos años el país podrá contar con un cuerpo profesoral a la altura de las circunstancias?

Al final de la llamada “era de Trujillo” nos encontramos con que apenas un 4% de los maestros en servicio estaba en posesión de un título universitario o normalista. Nos estamos refiriendo a la totalidad de los docentes de esa época no a ninguno de ellos en particular. Maestros excelentes siempre los hemos tenido; pero, no en número suficiente.

Con el advenimiento de la democracia surgió la necesidad de proporcionarles formación y titulación especializadas a los docentes que no disponían de ella, vale decir, a casi todos. Los afanes para lograrlo se iniciaron en 1966 en la Universidad Pedro Henríquez Ureña con la puesta en práctica de un novedoso programa sabatino de capacitación docente, bajo la dirección del profesor Luis A. Duvergé Mejía. Al año siguiente, el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo inició en la ciudad de San Pedro de Macorís un programa de formación y capacitación de maestros de liceos secundarios llamado “Plan Macorís”, el cual tuvo muy buena acogida.