Valoraciones de organismos internacionales

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En días pasados, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Juan Temístocles Montás, dio a conocer, a través de los principales medios de comunicación, los resultados de siete exámenes de lectura, escritura, matemáticas y ciencias aplicados a estudiantes de quince países de la América española y el Caribe por expertos en la materia del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece). Según dichos experticios, la República Dominicana obtuvo el puntaje más bajo en seis de las siete pruebas. Las reacciones al respecto de los ministros del ramo no se hicieron esperar. En efecto, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctora Ligia Amada Melo, estimó que el Informe de la Llece estuvo fundamentado en datos desactualizados. El de Educación, Carlos Amarante Baret, se mostró un tanto superficial en sus apreciaciones al considerar que los resultados que la República Dominicana alcanzó en ésa y otras pruebas internacionales obedecieron al hecho de que durante mucho tiempo aquí se ha venido haciendo lo mismo en materia de formación y capacitación docente y en el uso de los métodos de enseñanza aprendizaje. Algunas razones tendría el alto funcionario para expresarse de la manera en como lo hizo; pero, somos de opinión de que debió ahondar más en sus apreciaciones. El titular de Educación no tomó en cuenta el hecho de que el promedio de la inversión presupuestaria de la dependencia estatal que con tanto acierto él dirige, fue de apenas un 1.63% del PIB desde los años de ochenta del pasado siglo 20 hasta finales del primer decenio del actual. Dadas esas circunstancias, ¿qué otra cosa podría esperarse que sucediera? Cuando volvamos a referirnos a la calidad de la instrucción pública, lo haremos desde la perspectiva del profesorado.

Por diferentes razones, los gobiernos que antecedieron al del presidente Danilo Medina privilegiaron la inversión pública en proyectos de infraestructura en perjuicio de la inversión en instrucción pública y en desarrollo humano. Las últimas evaluaciones de la Llece tuvieron lugar en el año 2013, un año antes de que lo invertido por el Gobierno dominicano en materia de instrucción pública alcanzara una suma equivalente al 4% del PIB, y que se firmara el Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030.

Los recursos invertidos en educación en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica y Paraguay no pueden compararse con los invertidos en la República Dominicana. Mientras en esos países la inversión anual por estudiante sobrepasa los 10 mil dólares, aquí, apenas se invierte alrededor 600 dólares en ese mismo renglón. A pesar de los pesares, seguros estamos que en la medida en que el comportamiento de nuestra economía nos permita aumentar nuestras inversiones en instrucción pública, iremos acortando la distancia que nos separa de los otros países de la región en materia de calidad de la educación.

No deja de preocuparnos lo que la gente pudiera pensar en relación con los compromisos asumidos por todos nosotros en el Pacto para la Reforma Educativa. Decimos esto, porque aquí no faltan personas que saben muy bien cómo mezclar verdades a medias, mentiras totales, y especulaciones atrevidas, con el objetivo de hacer fracasar cualquier intento encaminado a mejorar las condiciones de vida de los más.

No importa los obstáculos que tengamos que salvar. Continuemos en nuestros afanes de diseñar y desarrollar una política educativa que ofrezca el nivel de cualificación necesario. ¿Cuáles principios le serviría de sostén? Entre otros, el acceso universal, tal como está establecido en el Artículo 63 de la Constitución de la República: Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.