Más allá de la algarabía forjada por prejuicios, animadversión racista o exagerada preocupación nacionalista, alguna vez habrá que implementar una eficaz política inmigratoria que controle el tráfico de personas y liquide la vieja recurrencia al antihaitianismo como recurso politiquero y para desviar la atención de los problemas nacionales.

A propósito de la reciente declaración conjunta de los presidentes de la isla, reiterando los propósitos de buena vecindad y sustento objetivo de las relaciones bilaterales, han vuelto a emerger los prejuicios que se alimentan de una exageración del número de haitianos residentes en el país, sin que se adopten eficientes controles inmigratorios.

Lo primero a sincerar es la dimensión de la inmigración haitiana actual, que como es frecuente en naciones agobiadas por fuertes flujos migratorios, se exagera y se percibe mayor de lo real.

Al comienzo del siglo muchos en Puerto Rico juraban que había allí medio millón de dominicanos, aunque los estudios académicos los estimaban entre 150 mil y 180 mil, que no eran pocos, entre 4 y 5 por ciento de los entonces 3 millones 800 mil borinqueños.

Nosotros tenemos dos instrumentos de alto valor científico, las Encuestas Nacional de Inmigrantes (ENI) realizadas en el 2012 y 2017 por la Oficina Nacional de Estadística por encargo del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y con el apoyo técnico y económico de la Unión Europea y del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

No se trató de una pequeña muestra de 1,200 personas para medir los estados de opinión, y que suele ser suficiente aún en naciones de decenas de millones de habitantes.

Es que, por ejemplo, la ENI-2017, abarcó 73,236 hogares, de casi la misma cantidad de lugares del territorio nacional, y que incluyó entrevistas a 223,528 personas, entre las cuales se ubicó a 26,419 de origen extranjero.

Esta segunda ENI estimó en 570,933 los inmigrantes de diversos países, -46,301 más que la primera, cuando fueron 524,672- con un 87.2 por ciento provenientes de Haití, equivalente a 497,825 personas, que representaban el 4.9 por ciento de la población nacional.

En relación a la ENI-2012, los inmigrantes solo aumentaron en 46,300, apenas 0.2 por ciento de la población nacional. Si a los llegados desde el exterior le suman los 277,046 hallados como hijos de extranjeros nacidos en el país durante décadas, entonces el total alcanza a 847,979, el 8.3 por ciento de la población.

Pero en ninguna estadística universal los nacidos en un país son considerados inmigrantes.
Las diferencias entre las dos encuestas son irrelevantes en todas las variantes. Y no es que sean pocos los inmigrantes, son mucho más que los que obviamente requiere el país, pero no el millón y hasta dos millones de personas que algunos grupos alegan.

Si aceptáramos la validez de las dos encuestas, tal vez podríamos esforzarnos en reconocer definitivamente los 259,973 que pudieron acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), los cuales representan solo el 45 por ciento de los inmigrantes registrados en 2017. El 55 por ciento es sujeto de deportación, lo que obviamente no se ha ejecutado.

Algo que valida las dos ENI y desmiente la persistente afirmación de que los inmigrantes haitianos carecen de documentos, es que en ambas se registra 92.6 y 93.7 por ciento los que dijeron poseer actas de nacimiento de su país, con hasta 60 por ciento cédula de identidad y 29 por ciento pasaporte.

Esas cifras quedaron confirmadas en el PNRE donde el 90.1 por ciento de los que pidieron ser regulados, presentaron por lo menos uno de los tres documentos de identidad.

Es un craso error seguir creyendo que los haitianos que emigran hoy son los campesinos que venían hace décadas con un macutito a cortar caña, para vivir hacinados en un barracón sin agua, energía ni sanitario.

La gran mayoría de los que ahora quieren salir de Haití ya lo primero que procuran es un documento de identidad, y provienen de las ciudades.

Es sobre la realidad que algún día tendremos que limitar la inmigración haitiana, eliminando los tráficos en que se sustenta, de ambos lados de la frontera.

Tenemos derecho y necesidad de hacerlo, aunque con respeto a la dignidad humana, sin olvidar que cerca de dos millones de dominicanos también emigraron en las últimas 6 décadas y que de ellos vivimos.

Porque en diez años nos remesaron 50,315 millones de dólares; 8,219 millones solo el año pasado, equivalentes a unos 476,719 millones de pesos, el 78 por ciento de los 615 mil millones de pesos que sumaron todos los ingresos fiscales del país en el 2020.