Cuándo podremos diseñar una política dirigida a desmontar los incentivos fiscales que el Gobierno otorga incluso a subsectores económico que, como el turismo, exhiben su prosperidad y sus altos niveles de rentabilidad? Hace años que los organismos internacionales, incluyendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, vienen propugnando por una disminución de los aranceles. Pero este cuadro se complica porque ahora el sector industrial dominicano está reclamando del Gobierno apoyo para enfrentar el desmonte arancelario a que obliga, a partir del año próximo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Este sector industrial, acostumbrado a la ayuda estatal, quiere que sean los contribuyentes dominicanos los que paguen el precio de la entrada en vigencia de este TLC. Pero ocurre que todo el mundo en este país sabía que existe ese tratado y que tenía una fecha fatal para empezar el desmonte arancelario. ¿Por qué, entonces, no tomaron las medidas de lugar para poder enfrentar las consecuencias? El empresariado dominicano tiene que tomar conciencia sobre su destino, tiene que aprender a ser sostenible, como dice ahora, es decir, aprender a rascarse con sus propias uñas. La dependencia empresarial dominicana del Estado es un vicio viejo. Primero dependieron de las aduanas, desde los tiempos de Lilís. Después de las franquicias, abundantes en la primera y en la segunda República. Posteriormente, disfrutaron a granel de los llamados incentivos fiscales y también de los incentivos crediticios que llegaron a través del Fondo FIDE y de Infratur. Por supuesto, los políticos han sacado grandes beneficios de esa generosidad a favor de los llamados sectores productivos. Han conseguido patrimonio político y muchos patrimonios monetarios. Un matrimonio de conveniencia que también se traduce en connivencia cuando esta sea necesaria. Me parece que debemos ir pensando, todos, en el final de la larga era de incentivos y apoyos estatales a los sectores productivos. O por lo menos a los tradicionales. Los empresarios deben aprender a demostrar su propalada eficiencia. Hay que diseñar una política pública que permita desmontar esos incentivos, esos apoyos o sacrificios fiscales. En turismo, en electricidad, en transporte público y de carga, en la industria, en el comercio, en la industria azucarera, en la construcción, en combustibles, en la minería, etcétera. Si esto se hace, ganaremos por partida doble: nos quedaremos con los empresarios verdaderamente eficientes, el crédito será más democrático, y el Estado elevará de forma sustancial sus ingresos fiscales. Incluso, probablemente podría conseguirse, por derivación, una disminución universal en la carga tributaria. ¿Se atreve, presidente Medina? Si el mandatario toma la iniciativa estaría sentando las bases para un desarrollo socio-económico más saludable, porque estaría estimulando la creación y la creatividad y, de paso, contribuiría a que los dominicanos aprendan a ganar el dinero con el trabajo.