Los excarcelados en Venezuela que fueron informados de la medida el sábado continuaron saliendo ayer ante nuevas afirmaciones de ONG de que muchos de ellos estaban encerrados por otros motivos y entre las denuncias de los familiares de uno de los reos de que no se cumplió con su liberación.
Tras la decisión anunciada hace días por el presidente Nicolás Maduro de que solicitaría a las organismos encargados que se otorgaran medidas a los detenidos por “violencia política” en “aras de la paz y el diálogo” 79 personas se han visto beneficiados por las excarcelaciones desde el viernes.
Una libertad que en muchos casos está condicionada, como decidió el Tribunal Supremo de Justicia, a un régimen de presentación cada 30 días, la prohibición de salida del país o de hacer declaraciones públicas.
Sin embargo, la ONG Foro Penal (FP) venezolano, que lleva los casos de varios de los detenidos, denunció que en los dos días de liberaciones fueron 40 los excarcelados que no tenían que ver con denuncia del ámbito político, una situación de la que también se ha hecho eco la oposición. «4-45PM (20-45 GMT) A esta hora sólo fueron excarcelados 39 #PresosPolíticos desde el #1Junio.”, informó el director ejecutivo de FP, Alfredo Romero, en su cuenta de Twitter.
Poco antes y por la misma vía Romero especificó que el sábado, de los 40 liberados, solo 20 eran “presos políticos” y desde la organización recordaron que todavía contabilizan más de 300 personas detenidas con este calificativo. Por su parte la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó también en esta red social que “los presos políticos excarcelados nada tienen que agradecer a la dictadura que los detuvo arbitrariamente, maltrató y causó graves daños». “Los responsables de haberles violado los derechos humanos deben ser investigados y sancionados. Los presos y familias indemnizados”, añadió en su mensaje. Uno de los beneficiados y que abandonó la prisión ayer fue el diputado por Voluntad Popular (VP) Gilber Caro, detenido en enero de 2017 y acusado por el Ejecutivo de militar en una organización “violenta”, “terrorista” y “al margen de la Constitución”, en alusión a VP. “Como preso político (…) mi estado de salud se deterioró. Ahorita voy saliendo a internarme en una clínica en Caracas”, dijo Caro.