El coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Alejandro Vargas atribuyó ayer el alto número de presos preventivos que saturan las cárceles del país, a excesos del Ministerio Público, presión mediática, temor de jueces, y a la carencia de cédula de muchos ciudadanos.
Resaltó que el Ministerio Público recibe al año alrededor de 70,000 denuncias de violencia de género, y ha dado instrucciones precisas a sus representantes de que todos los sometimientos por ese tipo de delito, los imputados sean enviados a prisión preventiva.
“Aún si la mujer denuncia que yo la ofendí porque le hable mal, la orden es que debe ir a prisión preventiva”, señaló el magistrado Vargas.
Agregó que similar ocurre con los casos de narcotráfico y otros delitos graves en los que el juez teme aplicar otra medida de coerción de las contempladas en el Código Procesal Penal (CPP), por temor a que si posteriormente ocurre algo, se le atribuya responsabilidad por haber dictado prisión preventiva.
“Es decir, eso está íntimamente ligado a quien tiene el principio de objetividad y de inmediatez cuando investiga, que es el Ministerio Público, que es para todo y sabe la condición de la persona (imputada), y que no se puede pedir otra cosa que no sea eso (prisión preventiva)”, manifestó Vargas.
Falta de cédula. Reveló que existe una gran cantidad de gente que cometen delitos no muy graves, pero que como carecen de documento de identidad que permitan ser localizables, al juez no le queda otra alternativa que imponerle como medida de coerción la prisión preventiva.
Brazaletes son caros. El magistrado Vargas también en los casos de violencia de género hay hechos que no ameritan prisión preventiva y el juez quiere imponerle el uso del brazalete electrónico, pero por su alto costo el imputado no puede pagarlo y se opta por enviarlo a prisión como quiere el Ministerio Público.
Es mucha la presión. El coordinado de los Juzgados de la Instrucción sostuvo que “en los jueces influye la presión mediática y de las mismas autoridades, porque toda la culpa se la echan a ellos”.
Como ejemplo puso el más reciente caso de la jueza interina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katherine A. Rubio Matos, cuya suspensión fue solicitada al Consejo del Poder Judicial (CPJ) por el Ministerio Público luego de revocar más de 60 permisos a condenados, en ocasión de las festividades navideña.

“Ese tipo de presión genera que muchos jueces actuantes, que no deben darle prisión preventiva a un imputado, se la dan”, aseguró Vargas.
Situación debe corregirse. El exaspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), recordó que el Código Procesal Penal fue concebido precisamente para que haya la menor cantidad de preventivos.
“Pero dadas todas esas condiciones de gente que no tiene cédula, a veces que cometen delitos muy graves; la misma actitud esa de que en los casos de violencia de género el Ministerio Público pide prisión preventiva, y de que hay jueces que tienen miedo, es lo que provoca esta situación que debe corregirse de alguna forma”,
El magistrado Vargas fue entrevistado por HOY a propósito de las estadísticas de la Dirección General de Prisiones que dan cuenta de que de 26,798 internos que hay en las cárceles del país, el 64%, es decir, 17,075, son presos preventivos.