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Cuatro de seis abogados consultados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva expresaron su desacuerdo conque algunos jueces hayan recibido apartamentos de lujo construidos por el Gobierno en la torre Progreso de la avenida Luperón, en el Distrito Nacional, porque entienden que es un acto de prevaricación y que coloca a la Justicia en un estado de sumisión frente al Poder Ejecutivo.
El doctor Carlos Ramos, abogado penalista, sostuvo que no procede que los magistrados adquieran bienes del Estado, debido a que eso demuestra, una vez más, la sumisión del Poder Judicial ante los demás poderes, principalmente del Poder Ejecutivo.
Cree que habría que ver bajo qué condiciones esos magistrados reciben esos inmuebles y hasta qué punto se ven comprometidos con esas dádivas de parte del Estado. Todos sabemos qué hay detrás de eso.
Ramos dice que los jueces deben tener un criterio de ética frente a la sociedad y que no procede que reciban esos bienes.
Afirma que detrás de eso está la mano del Poder Ejecutivo, que compromete a los jueces en momentos en que el Poder Judicial está desacreditado frente a la sociedad.
El abogado Sebastián Núñez señala que el Estado debe centralizarse más y proyectar viviendas económicas para los pobres, en lugar de entregar apartamentos a jueces que ganan un sueldo con mejores condiciones que los obreros, los cañeros y los empleados públicos.
Expresó que el Gobierno está en el deber de contrarrestar el déficit habitacional y dejar de ceder apartamentos a jueces que, incluso, ya tienen viviendas. Criticó que jueces obtengan apartamentos que no van a vivir y se preguntó quién sabe si algunos de esos jueces son parte de los que están alquilando.
A favor. Pero el abogado Ramón Javier opina que todo aquel que tenga las condiciones y las relaciones para adquirir buenos apartamentos, que los adquiera. Sostuvo que vivir cómodo es bueno y cree que el juez no se compromete con el Ejecutivo.
El abogado Pedro Antonio Solano plantea también que como ciudadanos los jueces tienen derecho a ser favorecidos con lo relacionado a facilidades que pueda ofrecer Estado.
Más críticas. El abogado Jesús Medrano le salió al frente a Solano manifestando que los jueces tienen un estatus económico que les permite obtener su propia vivienda. Estimó que esos apartamentos deben estar reservados para quienes no tienen los recursos necesarios, y que, al recibirlo, el juez puede perder independencia para fallar casos.
Así, la abogada Alejandrina Jones dijo que no está de acuerdo con que un juez merezca un apartamento, ya que se compromete a pagar favores. Es mejor deber dinero que pagar favores, dijo.
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Impedimento legal
El artículo 44, numeral 8, de la Ley de Carrera Judicial advierte a los jueces que les está prohibido obtener de manera individual concesiones o beneficios de otro de los poderes del Estado que impliquen privilegio oficial en su favor. Conlleva sanciones. Algunos jueces han argumentado la forma como les fueron asignados los apartamentos, a lo que han respondido abogados que solo se permite en viviendas sociales y de grupo.
