VATICANO. AP. El Vaticano informó ayer que está colaborando con la Procuraduría de República Dominicana, que investiga al nuncio apostólico en el país caribeño por rumores que lo vinculan con abuso sexual de menores, un caso explosivo que la provocado interrogantes jurídicas sobre las responsabilidades de la Santa Sede cuando sacerdotes acusados provienen de sus propias filas.  

 El vocero vaticano, reverendo Federico Lombardi, negó que la Santa Sede quiera proteger al arzobispo Jozef Wesolowski al convocarlo a Roma y relevarlo de sus funciones antes que la Procuraduría dominicana haya anunciado su investigación 

  Wesolowski fue convocado el 21 de agosto después que el arzobispo de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López, informó al papa Francisco sobre las denuncias en julio. Semanas atrás la Procuraduría anunció que había iniciado una investigación, en lo fundamental debido a reportes noticiosos de denuncias de conducta sexual indebida de Wesolowski, de 65 años, así como de un amigo y también sacerdote polaco que está fuera del país.  

  El procurador dominicano Bolívar Sánchez ha dicho que ha entrevistado a siete menores de entre 13 y 18 años como parte de la investigación, agregando que tres de ellos trabajaban en las calles de Santo Domingo, la capital, mientras que los otros cuatro viven en otras localidades.

Medios locales de prensa han reportado que algunos de los menores son limpiabotas. Sánchez dijo que algunas de las alegaciones de los adolescentes son coherentes. Wesolowski es el funcionario vaticano de más alto rango investigado por abuso sexual y su caso ha provocado interrogantes sobre si el Vaticano, al sacar a Wesolowski de la jurisdicción dominicana, colocó de hecho su investigación por delante de las de las autoridades de la nación caribeña.  

 En una declaración el jueves, Lombardi dijo: “La convocación del nuncio no es en absoluto un esfuerzo por no asumir responsabilidad por algo que podría verificarse”.  

 Lombardi dijo que a principios de septiembre el Vaticano había informado al embajador dominicano ante la Santa Sede que cooperaría con las autoridades dominicanas en cualquier cosa que necesitaran.

   Las normas del Vaticano en materia de investigación de abusos sexuales contemplan la cooperación con las autoridades civiles y transmitir denuncias a la policía donde la ley así lo exija. Estas normas se redactaron a raíz de la explosión de casos de abuso en 2010, cuando miles de personas denunciaron en Europa, Sudamérica y otras regiones detalles del abuso de sacerdotes que nunca se reportaron a la policía, aunque los obispos que los dirigían sabían que eran pedófilos.

   El procurador general Francisco Domínguez Brito ha dicho que si el gobierno encuentra alguna evidencia concreta contra Wesolowski, solicitaría su extradición. Sin embargo, señaló que República Dominicana no tiene tratado de extradición con la Santa Sede.  

 Como nuncio apostólico, Wesolowski disfrutaría de inmunidad diplomática, pero no está claro si el Vaticano lo invocaría en este caso. Además del asunto de la jurisdicción, el caso de Wesolowski es importante por otras razones jurídicas: el Vaticano ha logrado evitar demandas civiles en Estados Unidos que han tenido por fin responsabilizar a la Santa Sede por la conducta de sacerdotes abusadores u obispos negligentes que trasladaron a pedófilos de una parroquia a otra en vez de denunciarlos a la policía.

 Y lo ha logrado alegando con éxito que ni los sacerdotes ni los obispos son empleados del Vaticano, y que por lo tanto la Santa Sede no es responsable de su conducta delictiva. 

  El caso de Wesolowski es diferente porque ciertamente es empleado del Vaticano, específicamente el enviado personal del papa en la República Dominicana.    El papa Francisco ha dado instrucciones de que el Vaticano mantenga sus estrictas normas contra los sacerdotes abusadores, ordenando a la oficina que maneja los casos de abuso sexual que tomen medidas “decisivamente” para proteger a los niños, ayudar a las víctimas y tomar las medidas necesarias para castigar a los culpables.

   Francisco también aprobó en julio normas que criminalizan el abuso sexual y otros delitos sexuales, con penalidades que llegan a más de un decenio en prisión, leyes que se aplican tanto a empleados del Vaticano como a personal diplomático. Sin embargo, esas leyes no pueden aplicarse retroactivamente en este caso, dijeron funcionarios.  

 En su lugar, la Congregación para la Doctrina de la Fe está manejando la investigación a tenor con las leyes canónicas de la Iglesia católica, que no contempla condenas de prisión para veredictos de culpabilidad, sino sanciones canónicas, que pueden ir desde sacar a la persona de un ministerio público hasta expulsarlo del sacerdocio.    No se conoce el paradero de Wesolowski ni si tiene un abogado.