POR GERMAN MARTE Y 
TANIA HIDALGO
El jurista Julio César Castaños Guzmán dijo ayer que el Código Procesal Penal está condenado al fracaso, ya que tiene un problema estructural de fondo que es la falta de capacidad técnica de la Policía y el bajo nivel técnico-científico del Ministerio Público en materia criminalística.

El  presidente del Colegio de Abogados de la República opinó diferente.

Julio César Terrero, rechazó las declaraciones del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, quien atribuyó al Código Procesal Penal proteger el delito y la violencia criminal.

Al predecir el fracaso del Código Procesal Penal, Castaños Guzmán, ex miembro de la Junta Central Electoral y ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, afirmó que cada día el país avanza hacia la privatización de la justicia, porque las víctimas, junto con el Ministerio Público, son quienes tienen que buscar las pruebas, “y eso representa para el ciudadano de a pie casi una indefensión”.

“Como defensa social, para las víctimas, ese Código es una verdadera calamidad”, expresó el abogado al ser consultado por este diario sobre las declaraciones del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Luciano Pichardo.

Castaños Guzmán abogó por una revisión del Código Procesal Penal, pero ante todo porque se eleve el nivel técnico de la Policía “para que sea más Policía Judicial y menos Policía Nacional”.

De ese modo,  respaldó el planteamiento hecho por el fiscal del Distrito, José Manuel Hernández Peguero, el pasado miércoles en el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio,  de que el país necesita una Policía Técnica Judicial, porque la actual no es capaz para  investigar los crímenes.

“Estoy de acuerdo con él y creo que ese es un asunto fundamental y estructural, y hasta que eso no se aclare ese Código no tiene las posibilidades de brindarle a la ciudadanía lo que el país está necesitando en este momento: un instrumento ágil y que nos defienda de la delincuencia”.

De acuerdo con Castaños Guzmán, sin el nivel técnico y la debida delineación de la Policía para que sea “judicial”, no es posible implementar el nuevo Código Procesal Penal.

No obstante, alegó que así como el nuevo Código Procesal Penal “es una calamidad para las víctimas”  –por los aspectos “garantistas” que tiene -, a los imputados que son inocentes les ofrece una verdadera garantía para no ser atropellados.

Castaños Guzmán subrayó que ahora el fardo de las pruebas está en manos del fiscal, pero que también el Ministerio Público carece del nivel técnico científico en materia criminalística y tampoco domina las técnicas de la evidencia: planimetría, dactilografía y serología.

Consideró que al no dominar  esas técnicas de la evidencia científica, el Ministerio Público no puede estar a la altura de poder, con esos medios o la fuerza de la evidencia, llevar un caso en un sistema acusatorio y probar de una manera contundente las acusaciones que el mismo Ministerio Público estaría haciendo.

De acuerdo con el jurista Castaños Guzmán, la Policía está “crucificada entre dos clavos”, pues por un lado es Policía Nacional, con su ley orgánica que es Policía “política”,  porque tiene como misión la preservación del orden público, y por otro lado es Policía “judicial”.

Indicó que el Código Procesal Penal dice en 27 sitios que la Policía estará bajo la autoridad del Ministerio Público; mientras por otra parte se establece que esa institución, como Policía “política”, está bajo la autoridad del secretario de Interior y Policía y del Presidente de la República.

“Pero dice David (el personaje bíblico) que tú no les puedes servir a dos señores, porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro”, añadió el jurisconsulto. Dijo que el país tiene el mismo cuerpo policial sobre el que confluyen fuerzas contradictorias: la de la política y la de la justicia. “Y mientras tú tengas ese contrasentido en la Policía, ese Código Procesal Penal fracasará”, vaticinó el jurista.

Habla Terrero

Tras rechazar las declaraciones del jurisconsulto Luciano Pichardo, de que el Código protege el delito y la violencia criminal, el presidente del Colegio de Abogados también dijo que actualmente existe una corriente en torno al Poder Judicial y al Ministerio Público, opuesta al desarrollo de esa legislación.