Hace mucho tiempo que la impartición de justicia en nuestro país está sobre el tapete, debido a los escándalos que se suceden con demasiada frecuencia, sobre sentencias dictadas por jueces venales que aceptan sobornos sin el mayor rubor y sin que tampoco los miembros de la Judicatura tomen alguna acción directa para corregir, suspender o cancelar los jueces que de esa manera actúan y menos aún se empoderan los ciudadanos y la sociedad civil.
A esta rosario de denuncias, la mayor de ellas evidentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contraatacó con unas declaraciones muy vagas en las cuales afirma que: “los dominicanos no podemos perder la fe en la justicia, ya que él garantiza que serán sancionados los jueces con faltas penales o disciplinarias”.
Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Magistrados de esa SCJ han emitido sentencias de “no ha lugar” en casos sumamente demostrada la culpabilidad de los beneficiados de esas sentencias. Su antecesor, en un inusitado arranque de arrepentimiento, afirmó que la sentencia desestimando cargos sobre los responsables del contrato de la Sun Land, en donde se esfumaron 130 millones de dólares, la emitió por razones políticas. Actuando así, él pensó que los reelegirían en el cargo, cosa que afortunadamente no sucedió.
En el enfrentamiento entre Mariano Germán, presidente de la SCJ y el representante ante ese organismo, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en el cual su dependencia por intermedio de la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, que existía una red dedicada a manipular procesos judiciales, lo cual provocó la suspensión de cinco jueces en la cual afirmaba también que: “no solo existe en los tribunales de materia penal sino también en las jurisdicciones administrativas e inmobiliaria”.
Debemos admitir que en tren judicial hay excepciones. El caso del magistrado Ramón Horacio González Pérez, quien dictó orden de arresto a la suspendida juez Awilda Reyes Beltré y el ex consultor Francisco Arias Valera, acusados ambos de haber cometidos actos de prevaricación, al recibir una fuerte suma de dinero para poner en libertad en diferentes ocasiones, a imputados de crimen y lavado de dinero.
En situación de suspensión se encuentran otros cinco jueces y otros que fueron trasladados de las funciones que ocupan por sospechas justificadas de corrupción y lavados de activos. Asimismo, en otras dependencias se le ha pedido al Consejo del Poder Judicial, el traslado o la expulsión de jueces de diferentes departamentos judiciales cuyas actuaciones han sido puestas en tela de juicio por irregularidades en sus funciones.
En su enconada defensa, el magistrado Mariano Germán ha hecho sofaldar las sobrias túnicas de los jueces de la SCJ. Debemos terminar estos juicios de valores poniendo el ejemplo del doctor Joaquín Balaguer cuando en las campañas electorales afirmaba que: no es bueno cambiar de montura cuando se está vadeando un río”. Pero los votantes le respondieron, doctor no queremos cambiar de montura sino de jinete”. Esto se puede aplicar al presidente de la SCJ, no queremos cambiar el modo de impartir la justicia, sino de los que la ejecutan.