POR ALTAGRACIA ORTIZ 
El intento de condenar la mala práctica médica en la modificación al Código Penal se presta a ambiguedades, sostuvo el doctor Gustavo Rojas Lara, coordinador de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS).

Asimismo, Rojas Lara señaló que el documento está redactado en forma muy general, por lo que puede constituirse en “una fuente de injusticia, contra los médicos que ejercen la Medicina.”

A su juicio, el discutido proyecto de ley atenta contra el derecho de los médicos, así como del derecho que tiene la madre de querer salvar su vida.

“La mala práctica médica consiste en un error involuntario vencible, un defecto o falta en la aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de actuación del médico”, lo que puede ser un concepto correcto, explicó el coordinador de la CERRS en una carta enviada al Presidente Leonel Fernández.

Favoreció que en el país se regule la mala práctica médica, pero no en la forma en que es planteada en la reforma a la ley que crea el nuevo Código Penal Dominicano.

“Debe haber una afectación en la salud y vida del paciente, porque se obviaran procedimientos, técnicas o el diagnóstico,” explicó el galeno quien, además, es cardiólogo.

Recordó que el recurso humano es la base fundamental de un sistema de salud, por lo que se requiere un marco legal que avale su ejercicio.

De acuerdo a las modificaciones al nuevo Código que fuera devuelto al Congreso, el médico puede ser demandado, pues la modificación lo convierte en responsable de la vida del paciente en los niveles ético, penal y civil.

Rojas Lara explicó al Presidente Fernández que “toda norma debe ser coherente con el ordenamiento jurídico de un país.” Señala que el artículo 8 de la Constitución, en su numeral cinco, señala que “la Ley es igual para todos”, que no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad, ni puede prohibir más que lo que le perjudica.

El galeno consideró que tanto el aborto como la mala práctica médica deben ser objeto de regulación de manera individual, por lo que recomienda que el artículo 221 del nuevo proyecto de ley sea revisado y reformulado su contenido.

Indicó que el contenido de ese artículo “es incoherente y confuso”, pero además “no respeta el principio de razonabilidad de las leyes, atentando contra los derechos de los profesionales”.