El diputado perredeísta Carlos Gabriel García afirmó ayer que los llamados a licitaciones de obras y otros compromisos de esta administración dentro del período de transición gubernamental revelan un gran deterioro moral en el Gobierno del presidente Leonel Fernández.

El legislador dijo que no se justifica que un jefe de Estado que sabe que tiene que entregar en 47 días el Gobierno se dedique a ese tipo de medidas que comprometen la próxima administración.

Consideró lamentable que esta situación se produzca entre un mandatario y un presidente electo, licenciado Danilo Medina, de un mismo partido, entre los cuales debería existir un mayor grado de coherencia y consideración.

Diferencias PLD. García manifestó que esta situación evidencia las diferencias de los equipos del Presidente saliente y el del licenciado Medina, ya que, sostuvo, hay quejas públicas de dirigentes y legisladores danilistas sobre los llamados a licitaciones de obras por cientos de millones de pesos y otros compromisos gubernamentales.

Dijo que no escapa al pueblo el legado que le dejará Fernández a Medina desde el punto de vista de la deuda pública, que la aumentó, afirmó, de US$9,705 millones en 2004 a unos US$24 mil millones.

Ésa es una herencia sumamente peligrosa, porque compromete casi el 50 por ciento de los recursos que entren al Presupuesto nacional. Es una situación difícil. Por eso, llamó mucho la atención el Presupuesto complementario sustentando en una serie de préstamos sumamente comprometedores para la próxima administración, expresó.

García dijo que aquí siempre existe esa preocupación porque el plazo para hacer el traspaso de mando es demasiado largo. Señaló que en esos tres meses los funcionarios salientes comienzan a corregir sus anomalías y a cometer otras en perjuicio de la administración entrante.

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Robo metales

El diputado Carlos Gabriel García afirmó que los ladrones de metales desafían la seguridad nacional cuando desmantelan las torres de transmisión eléctrica y las infraestructuras metálicas de los principales puentes del país porque conspiran contra la comunicación terrestre y el servicio de energía eléctrica.