El economista Luis Vargas planteó que la muestra palpable del derrumbamiento del intercambio comercial y del sistema productivo de la economía dominicana se observa en el “intento desesperado” emprendido por las autoridades gubernamentales en torno a la presentación de una “disparatada” alternativa de solución a la gravísima crisis que arropa a las zonas francas industriales.

Explicó que la propuesta gubernamental de reformar la ley 8-90 de incentivación de instalación y operación de las maquilas consiste básicamente en la autorización de la venta en el mercado interior del 100% de la cantidad producida, en vez del 20% establecido por ley, a pesar de las repercusiones negativas que produciría tal medida en la estructura industrial, la competencia empresaria, las rentas nacionales y la legislación tributaria del país.

“Si las compañías de zonas francas venden su volumen de producción en el mercado doméstico, entonces la economía dominicana sería azotada por la bancarrota de innumerables empresas criollas, la desocupación de incontables trabajadores y la contracción de las rentas empresariales y salariales, a causa de los menores costos laborales, exclusivos servicios de electricidad, bajos alquileres de los establecimientos y diferenciales de impuestos registrados por las fábricas maquiladoras frente a una gran cantidad de empresas locales”, aseguró Vargas.

Resaltó que en consecuencia, al empresariado, el asalariado, el gobierno y el Congreso de la República Dominicana no les quedan otras opciones razonables de solución a la profunda crisis terminal que devasta a las zonas francas industriales de exportación que  la elaboración de programas y disposición de fondos de financiación de reconversión de las plantas manufactureras con potencial capacidad competitiva internacional.

Además, el  traspaso consensuado de compañías amparadas en la Ley 8-90 de zonas francas a la Ley 392-07 de desarrollo industrial nacional.

Asimismo,  el  cierre definitivo de las maquilas no rentables, traslado de fábricas a Haití con posibilidades de sobrevivencia bajo Hope II y, por último, renegociación del DR-Cafta, bajo la dirección cuatripartita de la administración central, las empresas privadas, las organizaciones sindicales y las instituciones populares y cívicas y no exclusivamente, como en la anterior ocasión, de grupos oligárquicos que dictaban órdenes anti-nacionales a incapaces o sumisos funcionarios.

“A nadie, absolutamente a nadie, le debe caber la menor duda de que el gobierno de Fernández-PLD  procura desmantelar la industria y agricultura nativas y someter todo el país a los intereses oligopólicos y prácticas corruptas de importadores, banqueros, mineros y especuladores”, enjuició el economista.