La Fundación Progreso, Seguridad Social y Salud consideró que sería un error y un atentado contra el Seguro Familiar de Salud, cargar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) el costo del nuevo catálogo de prestaciones de servicios a los afiliados al sistema.
Considera, además, que deben hacerse los ajustes correspondientes en el cápita que las que dichas prestadoras reciben mensualmente de los aportes de los afiliados y empleadores.

Recordó que las ARS no reciben el valor aportado por cada afiliado, sino que la Tesorería de la Seguridad Social paga a las administradoras una suma fija por cada afiliado, tomada de las recaudaciones mensuales.

Refirió asimismo, que dado que el Consejo Nacional de la Seguridad Social aumentó las coberturas de ciertos riesgos propios del sistema, como el caso del aumento de la cobertura de medicamentos ambulatorios, ha generado un déficit mensual de 33 pesos por cada afiliado a las ARS.

En el presente caso dicha cobertura fue aumentada de 3 mil a 8 mil pesos, produciendo un aumento en el cápita de 96 pesos, mientras a la fecha solo ha sido reconocido 63 pesos, generando dicho déficit, e inclusión de 78 nuevos procedimientos para enfermedades de alto costo, costeado en 38.32 y cuestan a las ARS 79.69, produciendo un déficit mensual por cada afiliado de 41.37 pesos.

En adición a esto, indicó la entidad, la cobertura de atenciones en salud por accidentes de tránsito, la cual fue extendida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, mediante la Resolución CNSS número 478-01, hasta el 29 de febrero del año 2020, pero la capitación asignada genera un déficit mensual de 3.51 pesos por afiliado porque no se tomó en consideración el incremento de la cobertura de 100 mil por el aumento del 14% del salario mínimo, ni la afiliación que afecta la economía.

“ Si a esto sumamos el desfase en la indexación de los costos del sistema, se podría estimar que el sistema actualmente soporta pérdidas superiores a los 700 millones de pesos”, argumentó la fundación.

Sostuvo que algunas voces, que considera populistas, podrían pensar que estas pérdidas afectan únicamente a las ARS, pero la realidad es que esa situación limita la capacidad resolutiva del conjunto del sistema.

Y añade que “los rasgos y mala aplicación tarifaria la podemos encontrar en otros sectores regulados del país, como el caso del sector eléctrico, teniendo resultados lamentables.10