El presidente del Movimiento Despertar Codiano, Teodoro Tejada, calificó de “exageradas” las declaraciones del presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), José Espinosa, de que el 90% de las obras que se construyen en el país son ilegales. No obstante, entiende que se carece de una real supervisión por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que el otorgamiento de las licencias sea más expedito.

Tejada dijo que esas declaraciones “tremendistas” del presidente del Codia contribuyen a desnaturalizar el sector de la construcción de viviendas y apartamentos, y pueden provocar merma en el sector inmobiliario porque las ventas de unidades habitacionales pueden reducirse y alejar inversión.

“Para mí ese pronunciamiento es exagerado, y obedece a un desconocimiento en el aérea, ya que estos datos son de una investigación realizada por el Codia, a partir de los censos del 2002 y el 2012, y por los proyectos aprobados por Obras Públicas en ese período”, dijo Tejada.

Explicó que para hacer ese tipo de pronunciamiento lo primero que hay que distinguir es el déficit cuantitativo y el cualitativo, para hablar de porcentaje de obras ilegales, ya que estos censos, incluyen todo tipo de viviendas que se construyen en el país.

Agregó que el déficit cuantitativo distingue el número de hogares que requieren de una vivienda para su uso propio, es decir, viviendas que por la precariedad de sus materiales deben ser sustituidas (paredes que no garantizan estabilidad, permanencia y aislamiento frente al medio físico y social).

Mientras que el déficit cualitativo distingue el número de hogares por sus índices de calidad, que se logra por el segmento de viviendas, variables de materiales y los servicios básicos.

En tal sentido, indicó que los datos estadísticos refieren que en el censo realizado en el territorio nacional en 2002 la cantidad de viviendas particulares estaban distribuidas como siguen: el 52%, o sea mas de la mitad de las viviendas, eran propias, las cuales no tenía ninguna deudas, el 28% en condiciones de alquileres y el 11% residía en casas propias financiadas, el 36 por ciento de estas en el Distrito Nacional.

Por lo que de las viviendas y apartamentos que se construyen en el país, solo el 30% son ilegales, y en muchos casos solo tienen el permiso de las alcaldías, ya que estas tienen penalidades para las edificaciones que se construyen sin el permiso de uso de suelo correspondientes, ya que constan con tribunales de justicia para los que violan sus normativas y pagos de arbitrios.

Sin embargo, aclaró que todas las construcciones de apartamentos y viviendas destinadas a las clases media y alta que se levantan en el país para poder optar por financiamientos deben tener por obligación los permisos correspondientes y la licencia emitida por el Ministerio de Obras Publicas, y estas edificaciones son diseñadas con el código antisísmico de la República Dominicana, aprobado el año 2010, lo que garantiza la calidad y seguridad de estas construcciones, por tanto no son ilegales.