POR UBALDO G MOLINA
La corrupción en la justicia dominicana alcanza hasta a los allegados del Poder Judicial, dijo ayer Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Recordó que por esa razón la Suprema Corte de Justicia ha venido separando a miembros del Poder Judicial en los últimos meses, acusados de corrupción. Consideró que la inspectoría encargada de los asuntos internos del Poder Judicial debe de ser más efectiva, a fin de que detecte los casos de corrupción.

Indicó que a partir de 1997 la justicia ha venido depurándose, pero que aún sigue existiendo la percepción de que dentro del sistema de justicia persiste la corrupción.

En los últimos 20 años han habido 233 casos de corrupción, de los cuales sólo se ha emitido una sentencia definitiva y seis sentencias de primer grado, señaló.

Se quejó de que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia comienza a acumular los casos y que existen contradicciones en las sentencias.

A su juicio, la corrupción en el sector privado también es cada vez más grande y puso como ejemplo el contrabando y los casos bancarios.

Dijo que el gobierno de Leonel Fernández no combate el flagelo, a pesar de que creó la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción.

Al ser entrevistado en el programa Aeromundo, Castaños Guzmán dijo que el gobierno estableció un plan programático de combate a la corrupción, pero que con un punto fundamental de la agenda, la emisión de un decreto-puente sobre el grado a grado, no se ha cumplido.

Señaló que a través del grado a grado es que el sector privado muchas veces interviene en los asuntos públicos.

Entiende que el presidente Leonel Fernández daría una señal si da a conocer

ese decreto en el menor plazo posible y que de lo contrario la población seguirá desalentada. Cree, en otro orden, que los programas implementados contra la delincuencia son insuficientes y favoreció que a la Policía se le asignen los recursos económicos que requiere.

A su juicio, el principal problema del país es la seguridad ciudadana, con lo que justifica el plan «Barrio Seguro» que se aplica contra el crimen y la delincuencia en la capital.

Rol del Congreso

Castaños Guzmán dijo que lo más importante es tener un Congreso que cumpla con su responsabilidad, independientemente si lo maneja la oposición o el gobierno. Indicó, en otro aspecto, que se debe alentar para que la gente acuda a votar en las elecciones del próximo 16 de mayo y no ejerza el sufragio en contra de nadie, sino a favor de la mejor opción. A su juicio, el principal poder del Estado es el Congreso, porque se traza «la estructura del andamiaje de la sociedad dominicana y donde se hacen las leyes».

Entiende que si el Congreso cae en manos de la oposición es positivo, porque el juego de la democracia es el equilibro o la alternabilidad.

Código Procesal Penal

El director ejecutivo de la FINJUS dijo que en la implementación del Código Procesal Penal se han presentado fallas en la parte legal.

Señaló que ha habido una mala interpretación de esa ley y deficiencia en la implementación por parte de los actores (ministerio público, Policía y jueces).

Indicó que debido a las deficiencias del ministerio público y los órganos investigados, los casos llegan a los jueces mal sustentados y preparados, y muchas veces los jueces no pueden tener una visión objetiva y se tienen que decidir por la última convicción.

Señaló que como el ministerio público tiene que presentar la acusación e investigar el caso, la víctima no se siente representada por el mismo, porque lo que investiga no es lo suficientemente contundente para que un juez pueda tomar una decisión.

Esta situación trae como consecuencia, dijo, que la víctima tiene que buscar su abogado, por lo que se le hace caro el proceso.

Los jueces muchas veces dejan a cargo de la víctima la presentación de las pruebas, agregó.

Educación y salud

A su juicio, la voracidad impositiva del gobierno ha afectado la canasta familiar. Abogó porque se destinan más recursos a salud y educación.

Expuso, en otro orden, que el presupuesto de Educación, en comparación con los países del área, cada año es más ínfimo, mientras la salud se deteriora más.

A su juicio, lo que más se parece a una cárcel es un hospital público y que la diferencia es que en las cárceles, las personas guardan prisión, pero en los hospitales públicos están como «en un campo de concentración».