POR L. RAMIREZ S. Y ENRIQUE GONZALEZ
La autora de un estudio  sobre la situación de los dominicanos deportados de Estados Unidos después de cumplir penas criminales califica de falsa la percepción de que los repatriados son criminales o narcotraficantes. La experta Nina Siulc, autora del estudio  “Ciudadanos no bienvenidos: la deportación de dominicanos con penas criminales”, dijo que la justicia estadounidense es selectiva en cuanto a los casos de drogas.

 Esta selectividad se hace, dijo, en perjuicio de los dominicanos.

Según su investigación, “sólo dos tercios de los deportados entre 2001 y 2004 fueron convictos una sola vez, y de ellos  a casi un 15% se le conoció un crimen, pero no participó en él directamente”.

Siulc afirmó que existe una concepción “ingenua” por parte de muchos dominicanos, por pensar que en Estados Unidos hay más libertades personales.

“En Estados Unidos tenemos la tasa de encarcelamiento más alta de todo el mundo. Eso no quiere decir que hay más crimen, sino que criminalizamos a más gente”, sostuvo.

Exhortó al gobierno dominicano a que implemente un programa de ayuda a los nacionales residentes en el exterior, “para completar las solicitudes de ciudadanía estadounidense y ayudarles a superar el examen de ciudadanía”.

Nina Siulc lleva cerca de diez años diseñando y dirigiendo investigaciones entre comunidades inmigrantes en Nueva York y a nivel internacional.

Ha vivido en Chile y la República Dominicana y ha  dirigido investigaciones acerca de jóvenes involucrados en la venta y uso de drogas, expresidiarios e inmigrantes arrestados, refugiados de la ex Unión Soviética en proceso de naturalización y sobre necesidades de salud de inmigrantes mexicanos.

Su estudio “Ciudadanos no bienvenidos: la deportación de dominicanos con penas criminales” fue presentado el año pasado en el Instituto de Justicia Vera, de Nueva York y fue definido como uno de los principales y más profundos en materia de impacto transnacional de la “Ley de responsabilidad inmigrante y la reforma de la inmigración ilegal de los Estados Unidos sobre las familias inmigrantes en ese país”.

EL DESAFIO DE LAS DEPORTACIONES

El embajador del país en Washington, Flavio Darío Espinal,  se refirió a la dureza de las leyes migratorias de Estados Unidos, y en contexto planteó que el problema de las deportaciones presenta un desafío en las relaciones bilaterales del referido país y la República Dominicana, dada la transnacionalización de la criminalidad.

Por lo que una cooperación para enfrentar el delito en ese escenario sería de interés mutuo, manifestó.

“Pero lo más importante de todo es que las deportaciones le imponen a la sociedad dominicana un desafío, en términos de la posibilidad de inserción laboral de los repatriados, y sobre el control de los que se involucran de nuevo en el crimen.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por Espinal, de los 30,879 repatriados desde 1996 hasta el 2005, 20,896  cometieron hechos criminales, y 9,103 quedaron fuera de esa categoría.

LAS BUENAS NUEVAS DEL INFOTEP

Melanio Paredes, director del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), propuso la creación de un Programa Nacional de Atención a los Inmigrantes Dominicanos, con la finalidad de ayudarlos a reinsertarse en la sociedad.

El programa podría asistir a los deportados prestándole albergue y alimentación provisionalmente, asesoría legal, capacitación técnica y oportunidades de empleo.

COOPERACION CON EUA

El embajador dominicano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Erasmo Lara, propuso la creación de un centro de recepción y educación de ex presidiarios y deportados, para facilitar su inserción en la sociedad. Esta idea requiere la adopción de un acuerdo entre el gobierno dominicano y Estados Unidos, según planteó.

Con esta iniciativa, precisó, se podría reducir el nivel de criminalidad y la inseguridad dentro de los Estados Unidos. Este centro tendría como objetivo formar a estos ciudadanos para asegurar su inserción en la comunidad.

Lara destacó la “dimensión humana” del problema de los deportados, argumentando que “la repatriación conlleva la recepción de personas que, en muchos casos, no tienen lazos familiares aquí, ni ningún medio de apoyo social o económico”, indicó.

SIN REGISTRO CIVIL CONFIABLE

El fiscal del Distrito Nacional refirió que la  inexistencia de un registro civil confiable dificulta que las autoridades policiales y del Ministerio Público tengan estadísticas sobre la  incidencia de deportados en la comisión de delitos.

En ese sentido, expresó que algunos repatriados buscan documentos falsos para burlar a las autoridades dominicanas y, para intentar retornar a Estados Unidos.

“Tampoco tenemos mecanismos para controlarlos ni detenerlos al  momento de su regreso al país”.

El representante del Ministerio Público dijo que la queja de los deportados es que se les califica como personas sospechosas, y al abundar sobre ese aspecto manifestó que es ilegal que se les exija presentarse periódicamente ante las autoridades.

Convendría, a su juicio, la aprobación de una norma para el trato a los deportados.

El seminario tuvo el propósito de analizar la situación actual y desarrollar políticas de Estado sobre la repatriación de dominicanos condenados en Estados Unidos. Pretende iniciar la búsqueda de un consenso para aplicar un plan de acción que permita enfrentar de manera integral los problemas de los deportados.