Hoy 
POR FIOR GIL
La secretaria de Relaciones Exteriores declaró ayer «categóricamente inaceptable» las motivaciones usadas como base para la condena al gobierno dominicano del pago de una indemnización a dos menores haitianas a quienes, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les fueron violados sus derechos.
El Estado Dominicano no cometió, y dio pruebas de ello, ningún hecho ilícito que generara una falta pasible de ocasionar daños y perjuicios a las niñas que solo se identifican como D.J. y V.B.
Cancillería informa que a las niñas no se le afecto el derecho de escolaridad y que en ningún momento fueron apátridas.
El organismo oficial señala que en las motivaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desconocen los hechos reales y el derecho constitucional, tanto haitiano como dominicano y fueron ignoradas pruebas presentadas por los representantes del Estado Dominicano ante tribunal, como su la sentencia hubiese estado preconcebida para condenar al país.
Agrega que la República Dominicana acepto de buena fe y con todas sus consecuencias la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer del caso independientemente de los resultados que pudiesen derivarse del juicio. «La historia pone de relieve el desconocimiento que se hizo de las pruebas documentales y que fueron soslayadas para dar validez injustamente a las pretensiones infamante de los demandantes», sostiene.
«Se debe resaltar que el Estado Dominicano no cometió en la especie y dio pruebas de ellos, ningún hecho ilícito que generara una falta de ocasionar daños y perjuicios. Además la demanda carecía de objeto porque las actas de nacimiento fueron entregadas a los peticionarios en el año 2001, no hubo discriminación ni conculcación de derechos de igualdad,» expresa la cancillería en declaraciones escritas.
Al mismo tiempo informa que nunca se afecto el derecho a la educación, y que las niñas no perdieron ningún año escolar, ni en ningún momento fueron apátridas, lo cual fue demostrado por la representación del Estado Dominicano ante la Corte.
En su declaración en torno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cancillería expresa que el gobierno dominicano ratifica que no promueve ni apoya actividades discriminatorias contra nacionales y extranjeros residentes en el país.
El jurista Julio César Castaños consideró el lunes pasado que no sería recomendable que el Estado dominicano desacate la sentencia de la CIDH por haber violado los derechos de dos niñas de origen haitiano, pero que debe expresar su total desacuerdo con las motivaciones de esa sentencia.
