El cumplimiento de la Ley 155-17 Contra el Lavado De Activos y Financiamiento del Terrorismo tendrá al principio un impacto negativo en la economía dominicana por el alto nivel de informalidad con que se manejan muchos negocios en el país.
Así lo consideró el abogado José Rafael Ariza, quien planteó además que el gran desafío que tiene esa legislación es el cumplimiento de lo establecido a Persona Expuesta Políticamente o PEP, que obliga a que cualquier persona que desempeñe o haya desempeñado, durante los últimos tres años, altas funciones públicas presente con carácter de obligatoriedad una declaración jurada que justifique debidamente de dónde provienen todos sus bienes.
Ariza argumentó que en el país ocurren muchas transacciones comerciales en efectivo y también de manera informal por debajo de un millón de pesos, entre ellas citó las ventas de inmuebles, joyas, obras de arte, de productos agrícolas en los mercados y de vehículos, las cuales tendrán ahora que hacerse a través de cheques, lo que traerá cierta resistencia.
Además dijo que la llegada de remesas al país podría disminuir por la rigurosidad de la ley, tomando en cuenta que es una de las vías usadas para el lavado de activo.
Asimismo, el jurista destacó la necesidad de que el sector financiero invierta en la publicidad y capacitación de su personal sobre la legislación, por la rigidez que representa para el sistema.
Dijo que la nueva ley, promulgada en junio pasado, trae varias disposiciones novedosas, entre las que se encuentran el combate al terrorismo y el reforzamiento de las obligaciones de los sujetos obligados no financieros.
Recordó que la ley aumenta los años de prisión a las personas que realicen el lavado de activos, al establecer una pena mínima de 10 años y duplica la penalidad económica, además del decomiso de bienes.