La Fundación Progreso Seguridad Social y Salud consideró preocupante el incumplimiento que implica la exclusión del sistema de la Seguridad Social de cientos de miles de trabajadores del sector público, los ayuntamientos y distritos municipales.
Explica que no obstante que esos servidores pagan para garantizar el acceso a la salud de ellos y de sus familias, quedan desprotegidos por “irresponsabilidad de sus empleadores”.

La organización sin fines de lucro, también hace algunos reparos a la promulgada modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, como es el punto relativo al cambio de modelo de comisiones a ser recibidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

También se refiere a la modificación del esquema de gestión de la base de datos de la Seguridad Social, la personería jurídica de la Dirección de Protección y Defensa del Afiliado (DIDA) y de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Otro aspecto modificado de la ley contempla una amnistía a los intereses y recargos acumulados como deuda con la Seguridad Social de las empresas e instituciones del sector público que, de acuerdo con declaraciones del ministro de Economía, se acercan a los 500 millones de pesos, lo que implica que la deuda acumulada con la TSS ronda un valor similar al 50% del Presupuesto General del Estado.

Al respecto, la fundación dice que si bien entiende la necesidad de destrabar la situación, ya que dichos volúmenes de deudas se hacían de imposible recuperación por parte del sistema, “nos preocupa sobre manera que gran parte de estas hayan sido generadas por el sector público”.

Indica que por razones no aclaradas, se descontaban los aportes de los trabajadores del sector público y no los pagaban al sistema de seguridad social, creando una situación de desamparo de esos empleados, así como una franca violación a las obligaciones que por ley le corresponden al Estado.

“Resulta preocupante el hecho de que no es la primera vez que se otorga este tipo de gracia a los morosos. Debemos recordar que mediante la ley 177-09 se otorgó una amnistía total a todos los empleadores que presentaran atrasos, lo que indica que el problema va más allá de la simple acumulación de deudas a niveles inmanejables, sino que esta situación es causada por la debilidad que presenta la Tesorería en el ejercicio de sus funciones”, agrega.

Plantea que se debe avanzar en la capacidad de fiscalización y seguimiento de los contribuyentes, a fin de que pueda identificar con la debida antelación los escapes e inconsistencia que puedan verificarse.