POR LOYDA PEÑA
La decisión de la Cámara de Diputados de restringir las facultades reglamentarias que constitucionalmente le son reconocidas a la Junta Central Electoral (JCE), “es un acto de provocación y de chantaje» declaró ayer el juez titular, Roberto Rosario. Dijo también que con la modificación al artículo 80 de la Ley número 275-97, la Cámara de Diputados está invadiendo esferas privativas de lo que es la jurisdicción de la JCE.

«Esa modificación hecha a propósito de la resolución dictada por la Junta, que  modifica las circunscripciones electorales de la provincia Santiago, demuestra que los diputados están actuando a su propia conveniencia personal y el país no invierte en una Cámara de Diputados para que legisle en su propio beneficio, sino en beneficio del país», sostuvo Rosario.

Agregó que, además, la JCE es una institución con autonomía propia y con facultad de reglamentación que no solamente son adjetivas, sino también constitucionales, por lo que entiende que no pueden ser restringidas por los legisladores.

«La Junta no puede ser arrodillada, coaccionada o chantajeada porque a determinado sector así le interese. La Junta es la entidad que tiene la atribución de reglamentar las circunscripciones electorales, conforme al mandato constitucional y la Constitución establece que cuando haya geográficamente lugares con 50,000 o fracción de más de 25,000 habitantes, podrá asignar una circunscripción, y eso es lo que ha hecho en Santiago», explicó.

Dijo que los partidos políticos y los propios legisladores tienen derecho a solicitar informaciones y la revisión de esa decisión, «pero no a querer colocar a la Junta entre la espada y la pared porque no se satisfacen intereses que por demás, son los intereses de los pobladores de las comunidades incluidas en la subdivisión que se hizo en Santiago, los cuales tienen el mismo derecho a ser candidatos y a ser elegidos igual que los que se oponen a las nuevas circunscripciones electorales».

Afirmó que, además, con su decisión de declarar de manera excepcional «nula» la resolución de la JCE que dividió en seis las circunscripciones electorales de Santiago, ese organismo está suplantando a la Suprema Corte de Justicia, porque según dijo, sólo ese tribunal puede anular una decisión de la JCE, y en caso de que viole la Constitución de la República.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputado modifica el artículo 80 de la Ley Electoral número 275-97, y faculta al Congreso Nacional a establecer la división en circunscripciones o distritos electorales, al tiempo que anula la subdivisión hecha en Santiago por la JCE.