En la República Dominicana se impone como tarea fundamental superar las barreras que impiden aplicar la equidad tarifaria, que es uno de los principios trazados en la Constitución para el servicio de salud, afirmó la Fundación Progreso, Seguridad Social y Salud.
La entidad explica que así lo plantea un documento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que aboga también por la universabilidad del servicio de salud e indica que aunque la salud de cada país responde a las características propias, se pueden identificar barreras financieras, geográficas, institucionales, sociales y culturales que limitan que las personas puedan acceder al servicio.
“En nuestro país estas barreras se manifiestan desde el punto de vista financiero en los altos copagos que deben hacer los ciudadanos para poder acceder al servicio de salud, lo que hace casi prohibitivo la salud si consideramos los bajos salarios que percibe la media de los dominicanos”, advierte.
Apunta que la concentración de los servicios de salud en los grandes centros poblacionales limita la posibilidad de las personas de buscar la atención con la regularidad requerida, lo que hace necesario descentralizar la atención, acercándola a las personas.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, la entidad sostiene que en razón del interés público que implica el ejercicio de ese derecho fundamental, la Carta Magna precisa que la salud universal debe brindarse con “accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad y razonabilidad”.
En ese sentido, la fundación indica que esta inquietud para eliminar obstáculos de acceso al goce del referido derecho fue recogida por la comisión de alto nivel convocada por la Organización Panamericana de la Salud en el documento Salud Universal para el Siglo XXI.
Igualmente, sostiene que estos dos ejemplos que representan en el país el análisis hecho por la OPS, se resolverían mediante la aplicación de la estrategia de atención primaria, como bien promueve la organización regional, permitiendo una efectiva gestión de los riesgos de enfermedad y promoviendo una cultura de salud dentro de la población.
La fundación llama también a prestar la debida atención a la conclusión de la OPS, de que la aplicación sin discriminación de esta estrategia debe ser el eje fundamental a desarrollar en el país para alcanzar el acceso universal a la salud en el año 2030.
Sin embargo, se lamenta que la entrada de un primer nivel de atención, al que puedan acceder todos los ciudadanos, sigue entrampada entre los intereses particulares de ciertos sectores, en razón de la preocupación en las rentas que a su entender dejarán de percibir por la aplicación de esta estrategia, cuya finalidad es reducir los costos de la salud.
Afirma además que no obstante ser un mandato legal con 14 años de incumplimiento por parte del Estado, se permite que “estos intereses particulares laceren el interés general de la sociedad.