San Cristóbal.- La procuraduría General de la República dispuso la renta de una casa en la calle Máximo Gómez, número 25, de esta ciudad, en aras de mejorar las condiciones laborales de los 12 fiscales de la provincia, informó ayer el procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez.
El representante del Ministerio Público explicó que, sin embargo, el inmueble no ha podido ser habilitado, debido a que los residentes en la zona se oponen a la instalación de estas oficinas, bajo el argumento que traería intranquilidad y bullicio.
Esfuerzos. Fernández Vélez indicó que hacen otros esfuerzos para mejorar el ambiente laboral de este personal, a fin de garantizar más eficiencia en la persecución del crimen y un mejor servicio.