Veedor cree discrecionalidad persiste en entidades públicas

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En las instituciones del Estado aún existe una cultura de discrecionalidad, lo cual se ha convertido en una de las primeras dificultades encontradas por las comisiones de veeduría ciudadana, consideró ayer Javier Cabreja, quien es veedor del Ministerio de la Presidencia.
Indicó que varias comisiones han tenido problemas para el acceso a la información relativa a los procesos de compras.

Citó que esta situación ha sido especialmente delicada en instituciones como el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, donde cinco de los seis miembros de la comisión de veeduría renunciaron por dificultades asociadas a la poca disponibilidad de información.
Otra de las dificultades que han afrontado las comisiones es que algunos integrantes no han permanecido o no se encuentran activos actualmente. Esto ha dificultado el trabajo de estas comisiones.
También citó que no ha sido posible realizar un monitoreo integral de los procesos, que abarque las etapas que van más allá de la adjudicación del contrato. “Esto es relevante, ya que algunos análisis realizados indican que sigue habiendo problemas con los pagos a tiempo de los contratos, lo que deja espacios a prácticas opacas en las compras públicas”, señala Cabreja.

Otro obstáculo citado por Cabreja es que ha habido dificultad para establecer coordinación con las instancias encargadas del control y la fiscalización, más allá de la Dirección General de Contrataciones Públicas, como son la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
Señala que los comisionados han reportado falta documentación disponible para el cumplimiento cabal del monitoreo a los procesos de compras; procedimientos efectuados fuera de los límites; e incumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, entre otros.
No obstante, los citados obstáculos, Cabreja reconoció que algunas de las instituciones públicas se han ido abriendo y han estado proporcionando una mayor cantidad de información a los comisionados.

Recordó que teniendo en cuenta la falta de acceso a las informaciones necesarias para la labor de monitoreo ciudadano a las compras públicas, el Ministerio de la Presidencia insistió con las distintas dependencias del Estado, a través de circulares, en su obligatoriedad de cumplir con la Ley 340-06 y la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información.
Actualmente 24 instituciones tienen comisiones de veedurías. De estas, 14 cuentan con un técnico especializado para el apoyo que requieran. Inicialmente se integraron a estas 162 voluntarios, de los cuales 120 permanecen.
Las referidas comisiones están integradas por representantes de la sociedad civil, el sector privado, las iglesias, los medios de comunicación y ciudadanos independientes, quienes vigilan las contrataciones del Estado. Las veedurías ciudadanas han sido impulsadas desde el Ministerio de la Presidencia a partir de 2013. Tienen apoyo de la Unión Europea. Anteriormente habían surgido algunas iniciativas.
Retos. Cabreja cita entre los principales retos de las veedurías, el lograr un mayor fortalecimiento institucional, mejorar las capacidades técnicas para un monitoreo más efectivo e integrar personal técnico de apoyo.
Asimismo, establecer un sistema de monitoreo y seguimiento de las contrataciones públicas que permita una observación integral de las distintas fases de los procedimientos de compras (desde elaboración y publicidad de los pliegos, recepción y evaluación de las propuestas, adjudicación, gerenciamiento del contrato y calidad de la obra, bien o servicio entregado).

También, lograr una definición clara del alcance de los compromisos y trabajos de las comisiones y un mayor nivel de articulación e intercambio de experiencias e información entre las que están articuladas.
Además, fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas; establecer mecanismos de coordinación con la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
Otros retos son establecer alianzas con ONG y organizaciones de base para ampliar el alcance del monitoreo social; definir un sistema de indicadores a partir del cual se permita documentar los resultados e impacto del trabajo de las comisiones.
Asimismo, mejorar los mecanismos de información y rendición de cuentas de las comisiones hacia la ciudadanía y ampliar el número de estos organismos hacia otras instituciones.