La mayoría de las veedurías ciudadanas, creadas por el gobierno para observar sus procesos de compras y contrataciones, se encuentran inactivas debido a la renuncia de muchos de sus miembros por falta de tiempo, de experticia para abordar esos procesos técnicos y por dificultades para recibir informaciones y convocatorias desde las instituciones.
El trabajo de las comisiones ha bajado considerablemente sobre todo a partir del año pasado, a raíz del proceso electoral y el término de un programa de asistencia del Banco Mundial que contrató a peritos para asesorar a los observadores, quienes en su mayoría son empresarios, académicos, representantes de iglesias, de ongs y de medios de comunicación.
En entrevistas hechas a veedores se determinó que casi todas las comisiones tienen menos de la mitad de sus siete miembros activos o algunos han renunciado en pleno. Menos de cinco están en total funcionamiento. Algunos renunciantes no quisieron opinar del porqué de su dimisión.
Y aunque los consultados consideran que las veedurías son bien intencionadas y constituyen un ejercicio ciudadano importante para la transparencia en el gobierno, entienden que estas deben ser relanzadas para mejores resultados.
Testimonios. Salvador Figueroa, coordinador de la Veeduría de la Policía Nacional, quien queda solo en esa comisión, opinó que analizar una licitación es una labor ardua que requiere mucho tiempo. «Es difícil uno incursionar en la veracidad de los costos, manejar toda esa información y verificarla», expresó.
Dijo que en su labor solo recibieron una queja de una empresa, la cual no tenía razón. Aunque reconoció que no ha participado en todas las licitaciones.
Señaló que en el caso de la Policía ha recibido las informaciones, lo que es un paso de avance para la transparencia. «Quién iba a decir eso; nunca se había visto que las instituciones tenían que enviar información a terceros», dijo.
Mientras que Ramón Campos, coordinador de la Veeduría del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), informó que llevan casi un año sin reunirse y que de los siete miembros, cuatro nunca asistieron.
Dijo que el IDAC realiza compras muy especializadas y aunque han recibido documentos de las adquisiciones, no tienen mecanismos de confirmación. Además no han sido invitados a licitaciones.
En tanto que Pedro Silverio, observador del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mecyt), indicó que la misma se ha ido desvaneciendo por la falta de dinámica y que las informaciones no han sido entregadas con la celeridad requerida.
De su lado Francisco Arnemann, veedor del Ministerio de Industria y Comercio, explicó que aunque la comisión está activa, tienen un par de meses en receso. Dijo que una dificultad es que no cuentan con técnicos para apoyarles, ya que ninguno de ellos es experto en auditorías.
Señaló que aunque hicieron recomendaciones de mejoras, no han podido constatar que se tomaron en cuenta y en ocasiones también han presentado dilaciones para recibir informaciones.
Hasta enero pasado, Odile Camilo coordinó la Veeduría del Ministerio de la Defensa, y citó entre las dificultades que no contaron con técnicos, no tuvieron constancia de que se acogieron sus sugerencias y la no entrega de informaciones como el plan anual de compra, muy necesario para su labor.
Apertura. Edmundo Camilo Rosa, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), indicó que solo están tres de los siete miembros que iniciaron y que ahora el trabajo está en bajo ritmo.
Destacó que recibían informaciones y que las recomendaciones hechas fueron acatadas. Señaló que no era veedor cuando sucedieron contrataciones que hoy son objetos de un proceso judicial.
En el caso del Ministerio de Hacienda, solo tiene tres miembros activos debido a que su primer coordinador murió y su sustituta, Yolanda Martínez, renunció porque fue designada en una función pública.
Milciades Mejía, uno de los veedores, expresó que no cuentan con asesor técnico y resaltó que siempre son convocados a los procesos de compra, aunque se han tratado de adquisiciones de baja cuantía.
Mu Kien Sang, coordinadora en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), explicó que esta se encuentra prácticamente inactiva y que durante el tiempo que trabajaron hubo apertura con las informaciones y se acogieron las sugerencias hechas a raíz de una queja recibida.
Cosette Bonnelly, veedora de los Comedores Económicos, dijo que solo tres miembros participan y que en principio tuvieron problemas y luego pudieron desarrollar mejor labor con el apoyo de un técnico, pero que después de las elecciones de mayo 2016 han estado paralizados.
Mientras que Persio Maldonado, responsable de la comisión de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), dijo que solo tres están participando además de que las adquisiciones de esa entidad están lentas debido a la paralización de los trabajos de la segunda línea del Metro. Ellos no contaron con apoyo técnico, pero la OPRET respondía sus solicitudes.
Entiende que hay desánimo en la participación de los veedores y pérdida de confianza, sobre todo a partir del suicidio del arquitecto David Rodríguez en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) por alegadas extorsión por empleados públicos. A propósito, fue imposible contactar a los veedores de esa entidad donde han habido varias denuncias de corrupción.

Las compras urgentes. Sarah Güílamo, de la Veeduría del Plan Social, afirmó que cuatro miembros están activos y que entre los obstáculos está la tardanza en entregar las informaciones solicitadas y que las sugerencias que hicieron en dos procesos no se acogieron.
Cuestionó que esa institución realiza compras de urgencia como juguetes o regalos de Navidad que no representan emergencias.
Estima que el trabajo de veedor es muy engorroso y no es bien visto por los funcionarios. Además las instituciones buscan mecanismos para eludir la ley o usan otros no legítimos. Por ejemplo, citó que en una ocasión una empresa grande, como sabía que la licitación era dirigida a pequeñas y medianas, hizo los arreglos para participar. El gran empresario conformó una pequeña a nombre de su hijo, incluso con la misma dirección, y ganó “legalmente”.
Mercedes Canalda, coordinadora de Veeduría del Ministerio de Educación, expresó que cinco miembros están activos y que observaban un promedio de una licitación al mes con apoyo técnico.
Destacó que las solicitudes han sido atendidas, especialmente con el actual ministro, Andrés Navarro. Sin embargo, cree que no existe una estructura adecuada para el trabajo voluntario de los veedores ni un soporte técnico permanente y especializado.

Miguel Antonio Montalvo, de la Veeduría del Ministerio de Salud Pública, dijo que tienen un nivel de actividad mínima por diversas razones de los cuatro miembros activos. Han tenido apoyo técnico y sus observaciones han sido atendidas. Citó que un inconveniente es que son invitados a las licitaciones con poco tiempo lo que crea dificultad para asistir.
Sin labor. En el caso del Ministerio de Turismo, los veedores nunca han tenido apoyo técnico ni informaciones a tiempo y la única convocatoria recibida fue a una licitación millonaria para la regeneración de playas, pero ya el proceso estaba para apertura de las ofertas, según explicó Marien Aristy, coordinadora.
Mientras que en el Ministerio de Obras Públicas, una institución con gran volumen de compras, no fue posible contactar a sus veedores, algunos de los cuales han renunciado, sin ofrecer a HOY las razones. En tanto desde otras veedurías no respondieron la consulta.