SAO PAULO. AFP. La justicia brasileña condenó hoy a 156 años de cárcel cada uno a 23 policías involucrados en la «matanza de Carandiru» de 111 presos amotinados en una cárcel de Sao Paulo en 1992, que provocó ajustes de cuentas y una oleada de violencia en varias ciudades de Brasil.  

Otros tres uniformados que también habían sido acusados ante un tribunal del estado de Sao Paulo fueron liberados.  

Los oficiales, en su mayoría actualmente retirados, fueron hallados culpables de haber matado a 15 presos en la prisión durante una operación para sofocar la revuelta del 2 de octubre de 1992, que luego se conoció como «la matanza de Carandiru».  

Sobrevivientes de la masacre acusaron a la policía de haber disparado a internos que ya se habían rendido o se habían escondido en sus celdas. Las pruebas mostraron que la policía militar atacó a balazos a los reclusos antes de destruir elementos que podrían haber servido para determinar responsabilidades en los asesinatos.

Además de los 111 presos muertos, otros 87 sufrieron diversas lesiones.  

La defensa, que argumentó que los policías dispararon en defensa propia tras haber sido amenazados y agredidos por los detenidos, anunció que apelará el fallo. Ninguno de los agentes implicados en la operación resultó herido.

«Hubo un voto de diferencia. No esperaba una condena», dijo a la prensa la abogada de la defensa, Ieda Ribeiro de Souza, al anunciar que recurriría. «La sentencia no refleja lo que piensa la sociedad brasileña».  

Sin embargo, el fiscal del caso, Marcio Friggi, defendió la condena como ejemplar para eliminar «las manzanas podridas» de la policía militar.  

Más de dos décadas de proceso judicial. Hasta ahora no había detenidos por esta masacre. El comandante de la operación, el coronel Ubiratan Guimaraes, fue condenado inicialmente a 632 años de cárcel por su mal manejo de la revuelta y las muertes posteriores.  

Pero en 2006 un tribunal anuló la condena estimando que el juicio había estado viciado de nulidad. Más tarde ese año, Guimaraes fue hallado muerto en su apartamento en circunstancias poco claras.  

«Este juicio es un punto de inflexión», dijo el director de Amnistía Internacional (AI) para Brasil, Atila Roche.

«Durante años, el retraso del procesamiento de los responsables de la matanza de Carandiru fue un capítulo oscuro para todo el país. Esperamos que ahora se termine la impunidad», añadió.  

AI ha pedido que, además de los agentes que participaron directamente en los sucesos de 1992, respondan ante la justicia las autoridades de seguridad pública y el gobernador del estado de Sao Paulo de la época.

La masacre en lo que entonces era la mayor prisión de América Latina, con 8.000 presos, generó indignación entre los reclusos, y los fiscales aseguraron que fue un factor clave en la aparición de una banda criminal denominada Primer Comando de la Capital (PCC) en 1993.  

Se cree que el PCC pudo haber ordenado la muerte del director de entonces de la prisión, José Ismael Pedrosa. Desde la cárcel, la banda criminal organizó una serie de ataques contra locales de la policía y otros edificios que dejaron más de 170 muertos y paralizaron Sao Paulo durante cuatro días en mayo de 2006.  

El malestar entre los presos se extendió a otras ciudades, y decenas de presuntos delincuentes fueron abatidos por la policía en una serie de operaciones de represalias.

 A fines de 2012, el PCC fue responsabilizado igualmente por una ola de homicidios de policías y de ataques incendiarios contra autobuses.  

La prisión de Carandiru fue demolida en 2002.