La operación mediante la cual el Estado haría una concesión de la infraestructura turística de Samaná quedó cubierta ayer con un velo de dudas, tras el embajador francés en el país revelar que no conoce a empresa francesa alguna interesada en hacer ese tipo de inversión.

El presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Ramiro Espino, afirmó el domingo pasado que tenía entendido que el gobierno había desistido de la negociación con la firma Jampi Investments, S.A., para otorgarle la concesión a una empresa francesa, cuyo nombre no reveló.

Pero al ser consultado ayer sobre el particular, mientras era entrevistado en el programa El Día, de Telesistema Dominicano, el embajador francés, Jean Claude Moyret, afirmó que no conoce a la empresa francesa a que se refirió Espino.

«Yo no conozco a esa empresa francesa; nunca he visto a los inversionistas franceses que están en esa empresa», expresó el embajador de Francia en la República Dominicana.

Agregó que se quiere justificar que es jurídicamente una empresa francesa la que recibiría la concesión, pero que él no sabe si hay inversionistas franceses en esa empresa.

Las afirmaciones del embajador francés tienen un gran valor porque lo usual es que una empresa de Francia no se decide a involucrarse en el extranjero en un proyecto de la magnitud del señalado, sin previamente consultar a la embajada francesa en el país receptor de la inversión.

Inicialmente el periódico Hoy ofreció la información el pasado domingo de que el Poder Ejecutivo sometió al Senado una concesión por 50 años para que la firma Jampi Investments, S.A., opere en Samaná la marina, Cayo Levantado y el hotel Cayacoa, y actualice la infraestructura turística de la provincia con una inversión de 200 millones de dólares.

Sin embargo, al día siguiente el presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Ramiro Espino, dijo que el gobierno habría decidido desistir de esta negociación para entregar la concesión a una empresa francesa, por 20 años.

La concesión inicial negociada con Jampi Investments, S.A, establecía que la concesión se otorgaría a 50 años.

Llama a la atención que en el contrato con esa empresa se hiciera constar que la firma concesionaria tiene su sede en Panamá, pero que es presidida por el empresario dominicano Roberto Prats.

El contrato establece, entre otras concesiones, que la empresa Jampi Investments, S.A. recibe en venta 500 mil metros cuadrados de terrenos dentro del municipio de Samaná, que se compromete a pagar en obras, sin que su costo, dimensión y calidad sean especificados.

Llama a la atención el interés de la empresa concesionaria de realizar inversión de 200 millones de dólares en Samaná, en momentos en que el Banco Central tiene en oferta a Playa Grande, en Puerto Plata, y no ha encontrado quién esté dispuesto a invertir 50 millones de dólares, a pesar de que es un proyecto hecho, con una buena infraestructura, que incluye un campo de golf de primera.

No obstante, el contrato no obligaría a los concesionarios a realizar la inversión de los 200 millones de dólares, ya que la concesión es transferible.

Se recuerda que cuando estuvo vigente la Ley 299 de Incentivo y Desarrollo Industrial, algunas personas que tenían mucha habilidad para diseñar proyectos y ejercer influencias para lograr su clasificación por parte del Directorio de Desarrollo Industrial, lograban que sus proyectos fueran aprobados y luego los vendían a reales inversionistas.

El anuncio sobre la presentación al Congreso Nacional de la concesión que se intenta otorgar a Jampi Investments, S.A. o a una empresa de generales desconocidas, ha refrescado la memoria histórica sobre el intento de Buenaventura Báez de arrendar o vender la bahía y península de Samaná, en su gobierno de los seis años, entre 1868 y 1873.

Aunque la oposición a esos planes sirvió como bandera al movimiento revolucionario que se levantó contra Báez, hay quienes entienden que la anexión no se produjo porque no era una prioridad del gobierno de los Estados Unidos.

Las opiniones sobre la actitud que asumiría el Congreso ante la propuesta de otorgar en concesión la infraestructura turística de Samaná, están divididas entre quienes entienden que no habría forma de justificar la aprobación de ese proyecto y quienes no descartan nada porque en otros casos recientes ha quedado evidenciado que todo es posible cuando los interesados están dispuesto a invertir su tiempo para hacer pasar proyectos de esta naturaleza.