PEDRO GIL ITURBIDES
No se asusten. De ningún modo expondré teorías y fórmulas sobre la velocidad de circulación del dinero. Pretendemos exponer, de manera muy elemental, la forma en que el gasto público determina la velocidad de circulación del dinero. Tampoco hablaremos, por consiguiente, de la masa monetaria ni las repercusiones de ésta sobre un sistema económico en general, y los precios y el empleo en particular.

Comencemos estableciendo -y no sólo señalando- que un gasto corriente elevado en el objeto de personal, determina la aminoración de esa velocidad.

El efecto de una política de gasto del tipo, ofrece la sensación de que prevalece un ambiente recesivo. Cuando el gasto de capital es importante, la economía se acelera. ¿Cómo se explica este fenómeno?

Pensemos en la República Dominicana de hoy. Desde hace varios años vivimos con una economía en crecimiento que, sin embargo, es impercetible para el pueblo. La mayor parte de los dominicanos tenemos la sensación de que lejos de crecer, decrecemos. Lo peor es que no valen, para contentarnos, los auspiciosos informes del Banco Central de la República respecto de ese crecimiento. Aún aquellos que percibimos salarios de cierto nivel hemos visto cómo se reduce nuestra calidad de vida.

Tenemos derecho a preguntarnos qué ocurre a quienes perciben el salario mínimo. Entre ellos, miles y miles de empleados del sector público. Pero por aquí hay que buscar explicación al fenómeno. Cuando los gastos de administración sobrepasan ciertos niveles, los recursos puestos en circulación por la cuenta de personal reingresan al sistema en busca de bienes de consumo. En el camino, estos recursos no crean nueva riqueza sino que la consumen. En consecuencia, el sistema se obliga a importar bienes y servicios que no genera.

Caso diferente ocurre cuando el gasto público incluye un apreciable componente de gasto de capital en determinados renglones. El ahorro público que es su base, adecuadamente planeado hacia objetivos de crecimiento, inyecta recursos cuyas etapas suponen hitos de inversión, durante los cuales se impulsa la actividad económica. Al conversar sobre este particular ante grupos de personas, me complace poner de ejemplo la construcción.

El peso que sale del fisco por la cuenta de personal se consume en provisiones y otras vituallas y servicios. Este mismo peso invertido por el Estado en una obra de infraestructura se multiplica de muchas maneras, pues el constructor precisa bienes y servicios que subcontrata. A la vez, alrededor de aquello que se erige pululan vendedores diversos, riferos, prestamistas y otras personas que suministran bienes varios. Este ambiente impulsa la agropecuaria y otros sectores y subsectores de la producción, lo cual debe ser el interés de quienes dirigen el país.

Problema adicional que se suma a esta sensación de parálisis es la necesidad en que se encuentra el administrador fiscal, de procurar ingresos extraordinarios. Por lo general se busca en forma de empréstitos y de mecanismos cuasi fiscales, que, a su vez, son otra retranca a la economía.

Pero son los préstamos los que de manera más decisiva influyen negativamente sobre todo el sistema, porque frenan, a la larga, la capacidad de inversión del Estado.

Desde hace cuatro o cinco años el servicio de la deuda pública consume entre el 32 al 37% de los ingresos totales del fisco nacional. Esto implica el que de cada cien pesos que se pagan como impuestos o de otras fuentes extraordinarias, un tercio corresponde a los acreedores. Entre estas obligaciones y los gastos operativos, prácticamente queda comprometido todo el ingreso fiscal, y el administrador queda de manos atadas.

Y por consiguiente, se produce esta sensación de pobreza colectiva, que agobia a todos. Con escasas y muy contadas excepciones, porque el dinero carece de la adecuada velocidad de circulación.