MEXICO. AP. En apenas una semana, dos de los casos de más alto perfil contra la corrupción en México se vinieron abajo debido a pruebas débiles o inventadas, lo que reforzó la añeja mala imagen de la Procuraduría General de la República de ser un organismo más enfocado en vendettas o favores políticos que en buscar justicia. 

  Dos de los casos contra servidores públicos —un ex procurador antidrogas y un ex subsecretario (viceministro) de Defensa, acusados de vínculos con los cárteles del narcotráfico— fueron desechados en cuestión de días la semana pasada. 

  En uno de los casos, el juez determinó que los testimonios de los testigos eran falsos, y el otro caso se disolvió porque los fiscales no pudieron encontrar pruebas que apoyaran las acusaciones.   

Muchos culparon de los procesos fallidos a funcionarios del gobierno anterior encabezado por el presidente Felipe Calderón, los cuales prepararon los casos.    Los expertos dicen que dichos procesos fallidos son producto de un sistema de justicia dominado por intereses políticos y obstaculizado por un trabajo policial cuestionable y deficiencias de organización. Algunos casos pierden credibilidad porque se considera que constituyen una forma de favores políticos, mientras que otros se ven socavados por investigaciones de mala calidad realizadas bajo el calor del momento.

   “Hay una deficiencia en la organización, en la presentación de las investigaciones. Hay fallas técnicas muy serias”, dijo Javier Oliva, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudia defensa y seguridad.

Caso Moreira

El nuevo gobierno de México, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también desechó más calladamente otro caso que surgió durante el gobierno de Calderón.   

Un funcionario de la Procuraduría General, que guardó el anonimato porque no está autorizado a hablar públicamente, dijo que él no sabe por qué los fiscales federales decidieron que no tenían jurisdicción en el caso que estaba relacionado con Humberto Moreira, ex gobernador del estado de Coahuila y posteriormente jefe nacional del PRI, en cuyo mandato se registró un faltante de 3,000 millones de dólares en fondos públicos.   

Las autoridades no habían anunciado anteriormente que los fiscales federales remitieron el caso a fiscales locales en Coahuila, donde el hermano de Moreira es ahora el gobernador, sino que apenas recientemente se dio a conocer luego de que la decisión se tomó a principios de diciembre durante las primeras semanas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.   

El caso de corrupción, que podría resultar embarazoso para el PRI, estaba enfocado en dos personas cercanas a Moreira.