Ven corrupción y criminalidad afectan justicia

<p data-src=https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2007/01/88B01697-85AB-4A20-996D-0F86EFA13EE5.jpeg?x22434 decoding=async data-eio-rwidth=460 data-eio-rheight=333><noscript><img
style=

POR LEONORA RAMÍREZ S.
La Fundación Institucional y Justicia (FINJUS) considera que corrupción y la criminalidad son los principales factores que atentan contra la seguridad jurídica.

En  un documento en el que evalúa la judicatura nacional, Finjus plantea, asimismo, que el sistema de justicia todavía no puede considerarse eficiente y la deficiencia del sistema judicial dominicano  prevalece, en gran medida, por la inexistencia de un adecuado sistema de evaluación del desempeño de los jueces.

La posición  de la entidad, fijada a propósito de la celebración ayer del Día del Poder Judicial, establece que la criminalidad y la corrupción son responsables de que impere la idea de la impunidad, debido a la acción u omisión de las principales instituciones del sistema.

Para este organismo la reforma del sistema de justicia ha sufrido, si no un retroceso, por lo menos un claro estancamiento en  los últimos años, por lo que consideró que este no es momento para disminuir el presupuesto  del Poder Judicial, porque es indispensable dotar al Poder Judicial  y al Ministerio Público de los fondos necesarios para que no se produzca un retroceso en el sistema público de administración de justicia.

«Apelamos al Presidente de la República para que observe la Ley de Presupuesto, o en todo caso someta un nuevo proyecto de ley que reasigne los fondos necesarios para cubrir las necesidades del Poder Judicial».

Respecto al desempeño de la judicatura, FINJUS expresó que la ciudadanía observó graves decisiones adoptadas por los tribunales sobre casos emblemáticos de corrupción, que pusieron en entredicho la  débil credibilidad del Poder Judicial.

«También se escucharon con  más insistencia voces de alerta por la inconsistencia en las decisiones tomadas en materias muy sensibles como el narcotráfico o el lavado de dinero, lo que dio lugar al cuestionamiento de la independencia, tanto interna como externa, de la judicatura, como una de las debilidades que todavía arrastra el sistema judicial».

Sin embargo, FINJUS resaltó que afortunadamente en muchos casos  las Cortes de Apelación  o la Suprema Corte de Justicia supieron enmendar los errores y reencaminar  los más graves, corrigiendo inconsistencias y fallas agudas en la interpretación y conocimiento de las leyes por parte de algunos juzgadores.

De acuerdo con la institución, la ciudadanía percibe que el sistema de justicia no ha superado las pruebas de idoneidad imprescindibles para considerarlo eficiente, en el combate de la corrupción privada y pública.

La falta de coordinación, los problemas internos de las organizaciones del sistema y la falta de voluntad en algunos casos, se han combinado  para que la impunidad sea una sombra pertinente y la República Dominicana siga ocupando altos lugares entre los  países con menos castigo a la corrupción, según el referido documento que publica íntegramente Hoy en un espacio pagado.

El 2007, para FINJUS, será decisivo para demostrar la voluntad de hacer justicia y castigar a los responsables de actos de corrupción pública, como el caso Renove, así como los de corrupción privada como los fraudes bancarios.

DEMASIADO PODER EN LA SCJ

La referida institución también cuestionó que la SCJ concentre la disciplina judicial, por lo que planteó que el mismo se constitucionalice y se revista de todas las garantías, de forma que cesen las suspensiones arbitrarias, la espera de meses en  los procesos o la falta de transparencia.

Deben cesar los casos de destitución de de jueces «por conveniencia en el servicio», como en el caso del suplente del Juzgado de Paz del municipio de Consuelo, si se aspira a garantizar procedimientos adecuados  para la inamovilidad social en el país, manifestó FINJUS.

Asimismo, que la ineficacia e ineficiencia del sistema judicial dominicano  prevalece, en gran medida, por la inexistencia de un adecuado sistema de evaluación del desempeño de los jueces, y tanto la selección como la evaluación de la judicatura, siguen siendo poco transparentes en términos de políticas, procedimientos o estándares.

«Las consecuencias más graves de esa debilidad es que no existe en la práctica un coherente y justo sistema disciplinario. Una inamovilidad que garantiza permanencia en el cargo, sin que los niveles de desempeño sean relevantes, fomenta la ineficacia, la mediocridad y la corrupción.

«Continúa la preocupación, varias veces señalada por FINJUS, de los jueces que sobrepasan la edad legal para permanecer en sus funciones, tanto en  la SCJ como en las demás instancias de la Judicatura».

Para este organismo de la sociedad civil la credibilidad de la carrera judicial y de la inamovilidad de los jueces está ligada a que el Poder Judicial se someta a  las leyes que lo rigen, evitando que las instancias políticas que designan los jueces hagan  provecho de esas situaciones para procurar acuerdos que sólo conducen a una inevitable disminución de la independencia judicial.

DEBILIDADES APLICACIÓN CPP

Para FINJUS el nuevo proceso penal ha demostrado la existencia de problemas relacionados con las deficiencias operativas del Ministerio Público o la Policía Nacional, sino también  por  la incapacidad de los tribunales de asumir un rol correcto en defensa de la integridad del sistema.

En tal sentido, puso como ejemplo la celebración y control de audiencias, «es alarmante el espectáculo de audiencias de medidas de coerción que duran horas, audiencias preliminares que parecen audiencias de fondo, audiencias de fondo que se reenvían o se prolongan en el tiempo, acercándonos de nuevo a situaciones del pasado que pretendemos superar.

El 2007 debe traer más diligencia  por parte de los jueces, junto con un cabal ejercicio de su poder disciplinario y de policía de la audiencia.

LOS AVANCES QUE VE FINJUS…

Sin embargo,  la entidad reconoció los avances que se registraron en la jurisdicción de tierras, en el sistema de niños, niñas y adolescentes, y en la apertura de programas de resolución alternativa de conflictos en materia familiar, civil y penal.

Asimismo, resaltó  los progresos del Ministerio Público y la Policía Nacional en materia de organización  interna, controles administrativos y de gestión. «El impacto alcanzado por  la Escuela del Ministerio Público  constituye el  primer paso en la consolidación de la carrera de ese órganos, pero aún así  se necesita fortalecer la capacidad de entrenamiento de los fiscales, en  las destrezas prioritarias para su eficiencia  en el combate del crimen organizado, la corrupción y la violencia».

Publicaciones Relacionadas

Más leídas