Con la  exclusión de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos de la jurisdicción del Defensor del Pueblo, “la población quedaría en estado de indefensión frente a eventuales abusos y violaciones de derechos ciudadanos de parte de este sector”, advirtió ayer una jurista aspirante a ese cargo en el Estado.

La doctora Ana Mercedes Medos Veloz dijo que en la forma en que fue aprobado por la Asamblea Revisora, el Defensor del Pueblo sería un rey con pies de barro, paralítico y sin poder para ejercer todas sus funciones.

En una instancia que elevó ante la Asamblea Revisora, la profesional del Derecho recomienda modificar en segunda lectura el dispositivo que crea el Defensor del Pueblo para corregir los errores de que adolece.

Expresó que ese funcionario  deberá actuar frente a los abusos del sector público, pero también, sostuvo, debe hacerlo frente a  las instituciones privadas prestadoras de servicios a la comunidad,  cosa que, dijo, no precisa el texto aprobado.

Recordó que la Ley 19-01, que instituye el Defensor del Pueblo, dispone que ese funcionario estará investido de plenos poderes  para investigar violaciones contra ciudadanos de parte de entidades  que ofrezcan servicios públicos.