Hoy 
POR LEONORA RAMÍREZ S.
La deuda social de los gobiernos, que se esconde en las promesas de los políticos, da la cara cuando se realizan protestas en comunidades cansadas de las burocracias oficiales que paralizan la construcción de escuelas, acueductos, o carreteras, hospitales y otras obras minoritarias.
Salcedo, uno de los epicentros de los movimientos populares en el Cibao Central, es desde este martes escenario de protestas por la ejecución de varias obras que se comprometió a realizar el Presidente Leonel Fernández, y otras que no concluyó el expresidente Hipólito Mejía.
Los organizadores de la huelga, el Movimiento de Liberación Salcedense (MILS), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), el Comité de Lucha Jesús Diplán (CLDJ), el Comité de Lucha Amelio Silva (CLAS) y el Comité de Lucha 24 de Abril (CL24A), piden la reconstrucción de carreteras, escuelas, la creación de empleos, y que el gobierno no invierta US$25 millones en el Hospital Metropolitano de Santiago, de capital privado.
Pero esta huelga de 48 horas no es la primera que encara Fernández, quien en su primer mandato (1996-2000) enfrentó alrededor de 300 paros; ya que en octubre del 2004, dos meses después de asumir la presidencia, grupos populares de Navarrete, Santiago, hicieron una protesta por el incremento de los apagones y del costo de la canasta familiar.
El 17 de marzo del 2005 la no terminación de la carretera Tenares-San Francisco de Macorís motivó un hecho similar en esas comunidades del Cibao Central.
Y el cinco de abril, en Navarrete y Licey al Medio, dos municipios de Santiago que encabezan las listas cuantitativas de las protestas populares, hicieron un paro de labores por la conclusión de varias obras y la construcción de caminos vecinales.
PROMESAS SIN ECO
Obviamente que los planes del gobierno no surten el efecto de sedar a los grupos populares, tomando en cuenta que el 16 de febrero del 2005 el Consejo de Gobierno anunció la ejecución de un plan de obras por un monto de RD$19,000 millones, entre estas carreteras, elevados, alrededor de 74 acueductos, incluidos la segunda etapa de los de la Línea Noroeste y del municipio Santo Domingo Este.
La promesa gubernamental también contempla la instalación de 1,000 pozos tubulares, 218 lagunas para los ganaderos, un proyecto de riego en la cordillera Central, la rehabilitación del puente Duarte, la reconstrucción del sistema de riego de Jimaní, la Unidad de Niños Prematuros de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.
Antes de ese anuncio, en diciembre del 2004, el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) inauguró 21 acueductos y rehabilitó 49, en beneficio de más de 300,000 familias. Ese mismo mes, Fernández encabezó el inicio de la construcción del acueducto Suroeste, valorado en US$130 millones
SALCEDO, UN VOLCAN ACTIVO
El primer mandato de Fernández, en términos de acciones reivindicativas, cargó el pesado fardo de las luchas populares que se esparcieron por cada rincón de la República Dominicana.
Como entremés, el ocho de junio del 2000, a menos de haber ganado las elecciones presidenciales, el expresidente Hipólito Mejía probó el amargo sabor de las protestas, con la huelga realizada en San Víctor, Moca, donde varias entidades exigieron la construcción de una carretera y un acueducto.
A casi un año de la llegada al poder de Mejía, en abril del 2001, los movimientos populares de Salcedo iniciaron un rosario de luchas prácticamente por el mismo propósito: la ejecución de una serie de pequeñas obras de las que dependían el desarrollo y la calidad de vida de decenas de comunidades.
En el período 2000-2004 Salcedo llevó la delantera en materia de protestas populares, y la exigencias incluían no solamente obras de infraestructura, sino que se aplique justicia a los responsables de las muertes de dirigentes populares.
De hecho, en abril del 2001, cuando la primera del dólar comenzaba a deslizarse y a crear inestabilidad en los precios, en esa comunidad hicieron varios paros por el deceso de José Gregorio Molina, durante un enfrentamiento con agentes policiales.
Pero el tema más recurrente de las huelgas efectuadas en Salcedo era el déficit del servicio eléctrico, así como el incremento de la tarifa por concepto del mismo.
El 11 abril del 2002 se detonaron varias bombas como acto in memorian por la muerte de Molina, y el 23 de octubre del mismo año hubo un paro de labores de 72 horas en 20 comunidades, por la suspensión del servicio energético.
En el 2003, en marzo, julio, septiembre y octubre, hubo protestas por los apagones, la clausura de pocilgas, la reducción de los precios, y la construcción de escuelas.
DE NAVARRETE A BONAO
No solamente en Salcedo se escenificaron protestas durante la pasada administración, pues desde Navarrete hasta Cotuí, se hicieron movilizaciones exigiendo construcción de carreteras,
de hospitales, escuelas, caminos vecinales, cese de los apagones, mejoría del servicio de salud, de agua, el control inflacionario, y el aumento de los artículos de primera necesidad y de los combustibles.
Aunque en los últimos dos años del gobierno de Mejía la situación económica fue crítica por el alza del dólar, en enero del 2004 llegó a cotizarse a RD$50.00 por US$1.00, los grupos populares se mantuvieron casi inactivos.
Exceptuando las protestas del siete de abril y el 12 de noviembre del 2003, organizadas por el Comité Nacional de Huelgas para enfrentar la política económica del gobierno que, entonces negociaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), actualmente vigente, para contrarrestar la crisis económica provocada en parte por la quiebra de los bancos Baninter, Mercantil y Bancrédito.
