Ven fracaso en financiamiento a partidos RD

20_01_2016 HOY_MIERCOLES_200116_ El País13 B

El financiamiento públicos a los partidos políticos en República Dominicana ha sido un fracaso, porque desde 1998 al 2015 se les entregó más de RD$9,000 millones y no se logró una mayor equidad en la competencia electoral, ni se evitó la influencia excesiva grupos económicos, ni del crimen organizado en política, rendir cuentas sobre el manejo de los fondos.

Así lo planteó anoche José Angel Aquino, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), quien participó junto al abogado Carlos Pimentel, el sociólogo Wilfredo Lozano y Rafael Toribio, en el panel “Financiamiento público a los partidos políticos”, organizado por Participación Ciudadana (PC) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Se planteó la decisión que se adoptó a mediados de la década de los 90 de financiar a los partidos políticos con una proporción del Presupuesto del Estado era lograr un proceso electoral más equitativo y justo, con un sistema mixto en el que también recibieran apoyo del sector privado, sin embargo el tiempo ha pasado y eso no se ha logrado por falta de transparencia en el manejo de los fondos y su procedencia.

“Desde 1998 al 2015 el Estado dominicano ha otorgado RD$9,331,826,791 millones a los partidos políticos, monto que en mayoría ha ido a parar a un número limitado de partidos y candidatos, contrariando un principio fundamental público, que es lograr un proceso electoral más equitativo y justo”, planteó Aquino.

Impunidad. Cándido Mercedes, coordinador general, afirmó que la mayor impunidad existe en los partidos políticos de República Dominicana, que solo este año recibirán RD$1,400 millones para sus actividades, porque no son transparentes en el manejo de esos recursos, ni sobre la procedencia de los fondos que reciben del sector privado.

Los panelistas coincidieron en que los mayores desafíos son lograr que a los órganos electorales se les den las atribuciones constitucionales y legislativas requeridas para realizar un efectivo control del financiamiento político y competencia para divulgar los informes y auditorías.