POR LEONORA RAMÍREZ S.
El Poder Ejecutivo actúa contradictoriamente respecto a las contrataciones grado a grado, pues mientras somete al Congreso Nacional un proyecto de ley para eliminar esa práctica que tiene la mancha de la corrupción política, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) negocia por esa vía la compra, a la Westmont Power, de dos turbogeneradoras a carbón por US$500 millones.

Radhamés Segura, administrador de la CDEEE, alegó que optaron por esa modalidad porque los costos son menores para el Estado dominicano, el cual adelantaría US$140 millones como préstamo, que sería saldado con energía en un período de cinco años.

Danilo Medina, secretario de la Presidencia, declaró el domingo que el Banco Mundial (BM), entidad crediticia que está ligada al financiamiento de US$150 millones para el sistema eléctrico local, tendrá la última palabra respecto a la adquisición de las unidades energéticas que aportarían 600 megavatios cada una.

Alejandra de la Paz, analista de información pública para la República Dominicana del BM, expresó que sus superiores en Washington todavía no han emitido ninguna opinión  sobre el tema. Según Medina, en esta semana tendrán una reunión con la entidad financiera para que de su veredicto sobre el caso.

En el “Informe de Evaluación Fiduciaria de la República Dominicana” tanto el BM como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantean que el gobierno dominicano debe transparentar la compra de bienes y servicios, y eliminar los contratos sin licitación pública cuando se trate de obras millonarias.

DEL DICHO AL HECHO

El 19 de julio de este año el Presidente Leonel Fernández recibió, para fines de revisión y firma, un decreto que prohíbe las compras estatales y la adjudicación de obras grado a grado. El denominado “decreto puente” no se pondrá en ejecución hasta que el Congreso apruebe el proyecto de ley que impediría otorgar obras sin licitación pública, según explicó César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, refirió el 10 de junio pasado que las contrataciones grado a grado deben desaparecer, para que haya transparencia e igualdad de oportunidades, “que no haya tráfico de influencia, ni que sea aquel que dio dinero para la campaña política el que se beneficie de todas las grandes obras”.

La recomendación para la adquisición de las plantas de carbón la hizo la Dirección  Ejecutiva del Comité de Recuperación del Sector Eléctrico, entidad que dirige la política eléctrica del Estado.

De acuerdo con el proyecto de compra, el gobierno le prestará a la Westmont Power US$140 millones para la primera planta, que se reembolsarían con la energía que produzca; los demás fondos los aportará la empresa de capital filipino-norteamericano.

Se ha dicho que las turbogeneradoras datan de 1994, y deben remodelarse para adaptarlas a la tecnología que se utiliza en estos momentos.

LA NEFASTA HIDROQUEBEC

El primero de junio de 1990, en presencia del fenecido expresidente Joaquín Balaguer, la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y la empresa Hidro-Quebec Sofati firmaron un contrato, grado a grado, mediante el cual la firma canadiense rehabilitaría, extendería y explotaría el sistema de media y baja tensión de Santo Domingo, con la finalidad de reducir las pérdidas comerciales de la empresa estatal.

El contrato por US$60.0 millones se rubricó sin la aprobación del Consejo de Directores de la CDE, según consta en las reseñas periodísticas de entonces, y sin el visto bueno del BM, organismo que lo cuestionó porque no se licitó ni tenía un programa de financiamiento satisfactorio.

Ramón Pérez Martínez, administrador de la CDE en 1991, lo calificó como “extremadamente leonino en perjuicio del país”, por lo que decidió renegociarlo.

Hidro-Quebec Sofati, sin el consentimiento ni conocimiento de la CDE, retiró del Barclays Bank, de Nueva York, US$20.0 millones que el Estado dominicano depositó allí como fideicomiso.

Pero además, tampoco realizó las obras contratadas. El caso quedó en el limbo jurídico y diplomático, pese a los escarceos que hicieron las autoridades por recuperar los citados recursos.

Segura, quien era director de Planificación de la CDE en ese período gubernamental, recomendó que el proyecto presentado por la Hidro-Quebec, en 1989, se sometiera a concurso “en caso de no ser posible una operación de costo económico”.

LOS PRESIDENTES Y EL GRADO A GRADO

“El concurso es una norma legal de aplicación imperiosa en un país en que hay plétora de títulos universitarios. Es, además, el único medio correcto de que se dispone para impedir el favoritismo y para eliminar las comisiones encubiertas que constituye una de las peores formas en que se puede ejercer el peculado”, expresó Balaguer en un artículo publicado en la revista Ahora, en su edición 88, de 1964.

Se estima que de 1986 a 1992, en el transcurso de su último mandato, el expresidente otorgó obras bajo esa modalidad valoradas en RD$43,000 millones.

En un discurso de campaña pronunciado en 1996, en la víspera de su primer gobierno, el Presidente Fernández expresó que “existe una carencia de conceptos claros y precisos sobre las atribuciones, que en la actividad de la construcción, deben corresponder al sector público y privado.

“Se otorgan obras del Estado de manera irregular, y la Ley de concursos vigente ha sido permanentemente violada”.

Pero en febrero del 2000, casi a su salida del poder, destacó que “la eliminación del grado a grado crearía problemas de gobernabilidad a cualquier régimen de un país subdesarrollado”.

Martín Concepción Muñoz, exdirector del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), refirió en diciembre del 2000 que el gobierno de Fernández otorgó RD$19,000 millones para obras sin licitación.

El expresidente Hipólito Mejía dijo en 1998 que “las compras, los contratos y las importaciones que ordena el gobierno sin cumplir con las reglas y las normas elementales, representan un claro y vivo ejemplo de corruptelas”.

Pero de acuerdo con un reportaje de Alfonso Torres, publicado en El Caribe el cinco de marzo del 2001, el gobierno de Mejía adjudicó sin concurso, a través de la Oficina Coordinadora y Supervisora de Obras del Estado, 360 obras valoradas en RD$2,000 millones.