POR MANASES SEPULVEDA
La Coalición para la Defensa de las Areas Protegidas denunció que el interés económico es lo que motiva el conocimiento acelerado y sin el debido consenso, del proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas, que cursa actualmente en el Senado.

Argumentó, además, que solamente con la venta de los terrenos de línea costera que se pretenden mutilar del Parque Nacional del Este, los interesados obtendrían alrededor de US$1,250,000 millones (RD$56,250 millones, calculados a una tasa promedio de RD$44 por US$1).

Indica que de acuerdo con las últimas modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas, al Parque Nacional del Este se le mutilaría una franja costera de  aproximadamente 12.5 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, “equivalentes a más de doce millones y medio de metros cuadrados, con un valor de alrededor de US$100 por metros”.

Expresó que las parcelas que se proyectan sacar de ese parque con la aprobación del proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas son las: 6, 20-A, 25, 13, 24-A y 24-B, las cuales tienen valores aproximados en el mercado inmobiliario de 450, 300, 300, 150, 30 y 30 millones de dólares, respectivamente.

«Los criterios que han prevalecido para la elaboración del proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas, han sido de orden económico, dirigidos a garantizar el beneficio personal de un grupo de empresas y personas físicas», agrega la organización que dice agrupar a más de 40 entidades.

La Coalición señala que la propuesta «legaliza» las compras ilegales de terrenos de uso público realizadas por empresas y particulares dentro de espacios pertenecientes al Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Advierte que varios bufetes de abogados están investigando las ventas ilegales de bienes del dominio público, incluidos dentro de las áreas protegidas que se quieren mutilar, con la finalidad de someter a la justicia y despojar de los títulos a las personas que adquirieron propiedades que se convirtieron en bien común de todos los dominicanos cuando fueron expropiadas por el Estado.

La Coalición mantiene su posición de que el Estado pague a los legítimos dueños de terrenos expropiados para ser convertidos en áreas protegidas, aunque para ello tenga que buscar el financiamiento de organismos internacionales defensores del medio ambiente, que están dispuestos a ayudar.

Asimismo, la Coalición para la Defensa de las Areas Protegidas considera que con la aprobación del proyecto de ley sectorial, como ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo, se daría un golpe demoledor al turismo nacional, que es el principal generador de las divisas que ingresan a República Dominicana.

Las áreas naturales se convierten cada día más en el principal atractivo del turismo, especialmente del europeo, sostiene.

 Por ejemplo, el Parque Nacional del Este recibe alrededor de 400,000 visitas anuales de extranjeros que se hospedan en hoteles de Bayahíbe, La Romana, Punta Cana, Bávaro, Boca Chica, Juan Dolio y otras partes del país, resalta.