WASHINGTON. AP. Las demoras en la tramitación de una ley que resuelva la situación de unos 11 millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin un status migratorio legal y la política de deportaciones masivas del gobierno son una combinación nefasta que genera enorme frustración entre los impulsores de una reforma integral a las leyes de inmigración.

   El Congreso estadounidense comenzará mañana su receso veraniego sin haber definido el futuro de los inmigrantes sin papeles, que enfrentan a diario el riesgo de ser deportados. Para peor, el presidente Barack Obama no está dispuesto a apelar a una orden ejecutiva para suspender las deportaciones de personas que podrían acogerse a una reforma una vez aprobada.   

Activistas protestaron la semana pasada frente a la Casa Blanca para exigir una suspensión de las deportaciones, que han alcanzado un promedio de 1.100 personas diarias, el nivel más alto de la historia. Una de las pancartas mostraba el rostro de Obama con la inscripción “Comandante de las Deportaciones”.   

“Es mentira que el presidente no puede hacer nada para parar las deportaciones. Lo puede hacer ya mismo si quiere”, declaró a la Associated Press Marisa Franco, integrante de la Red Nacional de Jornaleros, una de las agrupaciones que organizó la manifestación frente a la Casa Blanca.   

Obama emitió el año pasado una orden ejecutiva por la cual se suspendieron las deportaciones de los “dreamers”, o soñadores, como se denomina a los jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. Pero no quiere emplear el mismo recurso con el resto de los inmigrantes sin papeles a la espera de que se apruebe una reforma.   

 Al preguntarle si apelaría a una orden ejecutiva para suspender deportaciones en caso que el Congreso no apruebe una reforma migratoria, Obama respondió  Univision que “probablemente no. Creo que es muy importante para nosotros reconocer que la manera de resolver este problema tiene que ser por la vía legislativa”.

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Largo proceso
El senador Bob Menéndez, uno de los ocho autores del proyecto de ley aprobado por el Senado, dijo a su vez que sería un “error enorme” buscar una orden ejecutiva porque “suspendería un porcentaje muy pequeñito de deportaciones” y porque “el tiempo no es ilimitado para pasar la ley . Si no la pasamos en este congreso, no creo que la vayamos a ver en mucho tiempo”.