CARACAS
AFP
El oficialismo en Venezuela abrió ayer la posibilidad de pedir la disolución judicial del Parlamento de mayoría opositora, en medio de la enconada lucha que libran en torno a un eventual referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La coalición del chavismo destapó la que podría ser su carta más osada contra las fuerzas que buscan sacar del poder a Maduro, presionado por una severa crisis económica.
«El Gran Polo Patriótico ha iniciado una discusión para solicitar una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia» (TSJ) con el fin de pedir «la abolición de esta Asamblea Nacional», señaló Didalco Bolívar, portavoz de la alianza, en rueda de prensa.
El dirigente acusó al Congreso de usurpar funciones del gobierno en materia interna y diplomática, así como de traición a la patria y violación de las normas constitucionales. «Pedimos que la abolición sea acompañada por la convocatoria a elecciones parlamentarias para que sea el pueblo el que diga si esta Asamblea obstruccionista y violatoria de la Constitución es la que debe ejercer o, en lo contrario, el pueblo decida qué tipo de Asamblea (…) debe darse», indicó.
El oficialismo comenzó a discutir ayer esa propuesta y una decisión será anunciada la próxima semana, dijo el vocero. Si la Sala Constitucional la aprueba, el Gran Polo Patriótico prevé acudir al TSJ, al que la oposición tilda de ser el «bufete jurídico» del gobierno.
A mediados de junio, esa corte admitió una demanda de Maduro contra el Parlamento, también por usurpación de funciones. El tribunal dictó entonces medidas cautelares e invalidó dos decisiones del Legislativo.
La lucha de poderes que envuelve a Venezuela coincide con un muy difícil momento económico marcado por la escasez de productos básicos y una inflación del 180,9% en 2015.
Revisión
El chavismo blandió la amenaza contra el Congreso frente a los planes opositores de activar este año un referendo contra Maduro. Congregados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los adversarios del gobierno validaron la semana pasada las firmas de respaldo a la consulta. Según la oposición 409,313 personas autenticaron su apoyo con la huella dactilar, el doble de lo exigido por el CNE para activar la consulta, pese a las trabas del oficialismo.
La autoridad electoral revisará las rúbricas en un plazo de 20 días hábiles que terminará el 26 de julio, y deberá decidir si autoriza la siguiente fase del revocatorio: la recolección de cuatro millones de firmas, el 20% del registro electoral. La MUD está empeñada en que este mismo año los venezolanos acudan a las urnas porque, en caso de perder Maduro, habrá elecciones anticipadas.