MADRID (AFP).- Las políticas de seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia y las pandillas juveniles en América Latina tendrían que estar vinculadas a los modelos de convivencia y no a la represión o «mano dura», afirmaron ayer, lunes, en Madrid expertos de organismos latinoamericanos.

«Las políticas de mano dura han demostrado que no sirven para nada», afirmó Luis Guillermo Solís, miembro de la secretaría general de FLACSO, uno de los organismos participantes en el seminario abierto el lunes en la Casa de América bajo el título «Pandillas juveniles y gobernabilidad democrática».

Veinticinco expertos de FLACSO, pero también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cruz Roja, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y las universidades de Lérida y Puerto Rico asisten al encuentro en el que la mayoría de los debates son a puerta cerrada.

Según el sacerdote español experto en procesos de reinserción, José Moratalla, el movimiento migratorio entre Honduras, Guatemala y El Salvador, y Estados Unidos ha favorecido el nacimiento de pandillas violentas, que ahora buscan nuevos horizontes como España.

«¿Por qué no hay pandillas en Costa Rica y Panamá? Porque no tienen migración en Estados Unidos» y por lo tanto no recibieron «deportados» juveniles en los últimos años, afirmó el religioso, que desde 1985 dirige en El Salvador una institución salesiana de ayuda a niños y jóvenes «en alto riesgo».

Datos de los servicios policiales de Centroamérica refuerzan su análisis, pues más de 200.000 jóvenes marginados, muchos de ellos deportados de Estados Unidos, integran las pandillas entre las que destacan «Mara Salvatrucha» o «MS» y «Mara 18».

«España es un país idóneo para las pandillas violentas por el elevadísimo consumo de droga», advirtió Moratalla, antes de asegurar que «la MS y la 18 ya están en Barcelona y Alicante».

Varios expertos destacaron la aplicación de políticas de mano dura o superdura con fines «electoralistas» para enfrentar el fenómeno de las pandillas o maras, pero que sólo han contribuido a agravar la violencia en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia y Estados Unidos.

«Los gobiernos se dotan de políticas de mano dura y super mano dura simplemente porque esto les viene como imposición de organismos internacionales o de gobiernos del norte», explicó a la AFP Mauro Cerbino, coordinador del programa de comunicación de la agencia en Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En su opinión, la seguridad ciudadana «no tendría que ver con la represión o con modelos policiales sino con pensar qué modelos de convivencia hemos creado y qué modelos de exclusión hemos creado y constantemente reproducimos. Tendría que ver con observar qué pasa con el pacto social», precisó el responsable.

Sin ninguna duda, Cerbino afirma que «el tema de la seguridad en términos represivos es un enorme negocio, un gigantesco negocio» que involucra en muchos casos a miembros de la policía u otros cuerpos de seguridad y que desemboca en la paradoja de «pobres que controlan a pobres, con el agravante de que cuando éstos (los policías) asumen una posición de poder, se sienten ‘Rambo’ (…) y si además eso sirve para encarcelar y hacer limpieza social (…)».

En América Latina, donde la pobreza alcanza al 40% de sus habitantes, los jóvenes representan el 19,5% de la población de América Latina y el Caribe, es decir más de 100 millones de personas.

Interrogado sobre cifras que ilustren el fenómeno de las organizaciones juveniles y la violencia, para Cerbino la ecuación es clara: «Todos los jóvenes que viven en situación de pobreza económica, social y cultural (…) son potenciales miembros de organizaciones juveniles que de modo variable y diverso se pueden dedicar a actividades ilícitas o no».