Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
Cinco jueces del Distrito Nacional, incluyendo uno de la Corte de Apelación, afirmaron ayer que con la vigencia del Código Procesal Penal los fiscales tendrán la responsabilidad de hacer que los policías eliminen la práctica de los arrestos sin justificación .
Afirmaron, además, que los agentes policiales tendrán que adaptarse a la reforma procesal y cumplir con su rol de ser auxiliares de la justicia.
«La Policía tendrá necesariamente que adaptarse a lo establecido en el Código Procesal Penal. Por eso le hablaba en cuanto a la independencia y la institucionalidad del ministerio público», precisó el magistrado Pedro Antonio Sánchez Rivera, de la Corte de Apelación Penal.
Explicó que el código plantea que en sólo en los casos de flagrante delito podrá la Policía apresar ciudadanos, pero inmediatamente deberá comunicarlo al representante del ministerio público.
«Independiente de que un destacamento policial hubiese o no ministerio público tiene necesariamente que estar supeditado a la dirección de este funcionario que es quien lleva a cabo la investigación y el debido proceso para que una persona pueda ser arrestada», dijo Sánchez.
Junto al magistrado Sánchez estuvieron presentes los jueces Doris Josefina Pujols, coordinadora de los juzgados de Instrucción; Olga Garib, del primer juzgado de Instrucción; Antonio Sánchez Mejía, de la Segunda Sala Penal y Luis Omar Jiménez Rosa, de la Tercera Sala Penal.
Los jueces entienden que el cambio estructural y de sistema que entrará en vigencia debe ir juntamente con el esfuerzo del ministerio público.
«La Policía tiene que entender que es un auxiliar de la justicia y siendo auxiliar de la justicia está supeditada de manera funcional al ministerio público, que es quien dirige la investigación», dijo Sánchez Rivera.
EN LA POLICÍA
En tanto que la magistrada Pujols estimó que desde la entrada en vigencia de las medidas anticipadas en noviembre pasado ha notado que la Policía ha cumplido con su rol y solicita en los casos necesarios las correspondientes ordenes de arrestos.
Sostuvo que no puede decir que a plenitud la Policía empezó a acoplarse a las nuevas medidas y a la reforma procesal.
Dijo que como parte del proceso de adecuación entiende que la Policía hace su aporte.
«Tenemos la experiencia de que la Policía ha cumplido con su rol en términos de lo que son las órdenes de arrestos y tenemos la experiencia de que inclusive ellos (los policías) las han estado solicitando a través de sus departamentos investigativos», explicó.
Manifestó que cuando inician algún proceso los oficiales investigadores solicitan la autorización de los jueces para actuar.
«Conociendo las dificultades y las debilidades que pudieran tener en términos de lo que pudiera ser material o apoyo logístico que ellos tienen para estos casos hemos instaurado la línea 1-200, con la cual se puede pedir la orden de arresto a un juez desde cualquier lugar», indicó.
Dijo que confía en que el nuevo jefe policial, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, asumirá la reforma procesal como una de sus prioridades.
Los magistrados coincidieron en que la Policía realiza bien las investigaciones, por lo que no le costaría nada pedir una orden de arresto ante un juez.
El grupo de jueces defendió la aplicación de la reforma y sostuvieron que la sociedad saldrá gananciosa en corto y largo plazo.
ENCIERROS ILEGALES
Los magistrados se mostraron confiados en que con la aplicación del Código Procesal Penal desaparecerán los encierros ilegales de ciudadanos.
Explicaron que la protección a los derechos individuales siempre habían estado garantizados en la Constitución, pero que lamentablemente no eran respetados.
Sánchez Mejía entiende que con reforma procesal todos los organismos investigativos deben actuar bajo las normativas que dan garantía tanto para las víctimas como para el victimario.
