Luiz Inácio Lula da Silva ha desafiado a la justicia brasileña y, vencido el plazo que tenía para entregarse, se ha atrincherado en el sindicato donde forjó su carrera, en las afueras de Sao Paulo, mientras su defensa libra una frenética batalla para evitar su encarcelamiento. Lula ha optado por el silencio y no ha querido aclarar si se entregará en las próximas horas, aunque la Policía ya ha anunciado que “no hay condiciones” para detenerlo esta noche porque “se colocaría en riesgo tanto a los partidarios del expresidente como a los propios agentes».
“La negociación será retomada hoy, después de la misa en memoria de la exprimera dama Marisa Letícia”, agregó un comunicado de la Policía.
El juez federal Sergio Moro emplazó a Lula a entregarse hasta las 20.00 GMT de ayer para comenzar a cumplir la condena de doce años que arrastra por corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, Lula permaneció durante todo el día recluido en la sede del Sindicato Metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, su cuna política y donde se concentraron de miles de simpatizantes.
Las proclamas “no lo van a detener”, “vamos a la lucha” y “Lula, guerrero del pueblo brasileño”, retumbaron frente a la sede del sindicato al filo de las 20.00 GMT.
Cinco segundos antes de que expirara el plazo, miles de voces entonaron la cuenta atrás mientras Lula continuaba en el sindicato, donde pasó la noche arropado por la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) y de familiares y amigos.
El PT había anunciado intervenciones públicas del expresidente, pero Lula no abandonó el edificio y su defensa emprendió una batalla legal contrarreloj para presentar habeas corpus en un intento desesperado por evitar su ingreso en prisión. Ninguno de los recursos fue aceptado y los abogados llegaron a solicitar una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El desacato de Lula no ha impedido que su defensa avanzara en las negociaciones con la Policía Federal sobre la entrega. La orden de detención del juez Moro “tiene que ser cumplida”, pero “no a cualquier costo”, admitió el presidente de la Federación Nacional de los Policías Federales.