Vendedores vehículos alegan
sufrir duro golpe impositivo

Vendedores vehículos alegan<br data-src=https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2006/11/A3A1ABA8-A1CA-44C2-A01C-7BA9C76940F1.jpeg?x22434 decoding=async data-eio-rwidth=460 data-eio-rheight=307 /><noscript><img
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POR SOILA PANIAGUA
Las asociaciones de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) y de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) pidieron ayer al gobierno no cargar más impuestos a ese sector en la rectificación fiscal que se someterá al Congreso en los próximo días, tras afirmar que 17% sobre la primera placa es suficiente.

Asimismo, advirtieron sobre los efectos negativos que tendrá en el mercado de vehículos la aplicación de un impuesto ad-valorem.

“Ya nos dieron un golpe muy duro este año y fue que mientras a todo el mundo le quitaron el 13% por comisión cambiaria, a nosotros nos lo aumentaron al 17%”, dijo Enrique Fernández, director ejecutivo de ACOFAVE.

Asimismo, en un comunicado que se publica hoy en este diario, ambas organizaciones señalan que todo impuesto que afecte al sector vehículo “debería mantener una diferenciación que promueva y estimule la inversión de capital, el transporte colectivo y la reducción de los gases contaminantes, como ha sido hasta ahora”.

Añade que “en la reforma anterior, que se hizo para adecuar al país al DR-CAFTA, que entre otras exigencias estaba la eliminación del recargo cambiario, era un impuestos arancelario, que no se podía seguir cobrando, por los menos, a los productos norteamericanos”.

 El impuesto del 17% a la primera placa sólo afectó a ese sector, ya que en la reforma fiscal del 2005, luego de un proceso de consenso, los vehículos fueron los únicos que se señalaron para colocarlos en una posición desventajosa con ese  gravamen. 

“Así, mientras todos los productos importados, incluyendo a los superfluos, los suntuarios y los que pueden resultar perjudiciales para la salud o causar adicción, se benefician desde el primero de julio del 2006 de la eliminación del recargo cambiario que ascendía al 13% del costo, a todos los vehículos, incluyendo a los de carga, a los del transporte colectivo, a las motocicletas, a las ambulancias y a los carros fúnebres, se les sustituyó desde enero del 2006 el recargo cambiario, con un nuevo impuesto ascendente al 17% por concepto de la primera placa, aumentando en un 4% el impuesto sustituido”, indican.

Rechazan que se aplique el impuesto Ad-valorem, el cual se calcula en base al precio del producto, tras señalar que eso podría tener efecto negativo en ese sector.

En ese orden, señalan que “cualquier impuesto que se calcule en base a un porcentaje del costo (ad-valorem) del vehículo, no podrá aplicarse a los vehículos que cumplan con las reglas de origen por considerarse estadounidenses, en virtud del tratado DR-CAFTA y esto incluye los gravámenes, los selectivos, y cualquier otro impuesto similar”.

Dicen que por efecto de eso se produciría un desvío masivo de comercio hacia los vehículos norteamericanos y se disminuirían las importaciones desde otros países, por lo que el deseado aumento del ingreso fiscal no se materializaría.

“Las empresas que no son concesionarias de vehículos norteamericanos experimentarían pérdidas y dejarían de pagar o disminuirían su impuesto sobre la renta, impuestos sobre salarios y otros impuestos y adelantos que actualmente generan”, resaltan.

Explican  que al reducirse los niveles de competencia, los precios de los vehículos norteamericanos subirían gradualmente de precio y el consumidor, a la larga, no se beneficiaría del libre comercio.

Señalan que los países que han suscrito convenios de libre comercio lo han hecho luego de un proceso de disminución de las tasas arancelarias que hace posible la concesión de ventajas competitivas relativas a un país determinado.

“Esto evita que las diferencias sean tan significativas que produzcan el desvío masivo del comercio y la consecuente disminución generalizada de ingresos fiscales”, expresan.

Cuestionan las  exoneraciones que se conceden a los integrantes del Congreso Nacional cada dos años, tras considerar que es  un factor que incide sobre el mercado de los vehículos en el país.

“Como consecuencia, los vehículos de gran lujo, que son los afectados con el impuesto selectivo al consumo, son importados casi en su totalidad, mediante la adquisición por parte de terceros, de los derechos de esas exoneraciones”, resalta el comunicado.

También propugnan porque se mantengan  vigentes las diferencias que existen en la actual Ley de Aduanas, entre los vehículos pesados, las motocicletas y los demás vehículos. 

“Mientras a los automóviles, camionetas, yipetas y similares corresponde por ley un gravamen aduanal del 20% del valor CIF,  las motocicletas pagan 14% y los camiones y vehículos pesados (incluyendo autobuses) un 8%”, explican.

Opinan que al crearse el nuevo impuesto a la primera placa, debió diferenciarse  para cada tipo de vehículo, en lugar de fijarlo en el 17% para todos.

Como solución al problema que causan las exoneraciones,  proponen a los congresistas que se les asigne cada cuatro años, un vehículo nuevo de categoría superior (yipeta, station wagon, van o sedan), con opción a compra por el valor de un RD$1.00 al término de su período de servicio, los cuales sean adquiridos por el Congreso Nacional mediante concurso, en lugar de las exoneraciones.

Reconocen y respaldan las acciones que hacen  las autoridades para restablecer y mantener la estabilidad y el crecimiento económico y confían en que sabrán apreciar la conveniencia de mantener la equidad y el equilibrio.

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