POR MANASES SEPULVEDA
El secretario de Interior y Policía denunció que las “pocas” armas que se incautaban a los delincuentes en los operativos Centella y Guaraguao, eran  vendidas o quedaron en manos de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

El doctor Franklin Almeyda Rancier también dijo que esos operativos no contribuían “en nada” a frenar los robos, atracos y crímenes, sino que entorpecían la vida cotidiana de los ciudadanos y violaban los derechos humanos.

El funcionario dijo, además, que su denuncia lo comprueba el hecho de que en los depósitos de la institución no aparecen las armas incautadas y que apenas encontró 300 viejas escopetas en estado inservible que hay que mandarlas a destruir.

Al participar en la entrevista del programa AGENDA que cada domingo de 9:30 a 10:30 produce Héctor Herrera Cabral por Telesistema, Canal 11, Almeyda Rancier dijo que encontró las oficinas de la cartera en estado similar a cuando un ladrón entra a una casa y deja todo en completo desorden.

También denunció que encontró tantas “botellas”, (empleados que cobraban sin trabajar), que no sólo no cabían en los dos pisos del local de la institución en el Edificio de Oficinas Públicas Juan Pablo Duarte, (EL HUACAL), sino, ni en  los 14 pisos de dicho edificio.

CANCELACIONES

Reiteró que con sólo haber cancelado a las “botellas”, ya la Secretaría de Interior se ha ahorrado más de un 18 por ciento de los recursos destinados por la cartera en gastos corrientes.

Puso como ejemplo que ese organismo tenía “comisionados” en cada provincia, pese a que  tiene a los gobernadores e incluso, representantes en ultramar, específicamente en Boston y Nueva York, pese a no ser un organismo internacional.

Anunció, en otro orden, la creación de un cuerpo de voluntarios compuesto por 6,000 personas que tomarían notas de las violaciones a los derechos humanos en los cuarteles policiales, en los barrios y pueblos del interior, para que luego que se investiguen, aplicar sanciones.

Aclaró que esos voluntarios serán escogidos por la sociedad civil y que no recibirán pago por la labor.

Declaró, además, que en los próximos días se reunirá con el procurador general de la República, el secretario de las Fuerzas Armadas y el Jefe de la Policía, para diseñar un plan de desarme a la población, pero apegado a la ley y al respeto de los derechos ciudadanos.

Dijo que ese desarme será el primer paso para enfrentar la violencia y la delincuencia que afecta al país, ya que se estima que hay mas de 300,000 armas ilegales, mientras ese organismo cuenta con otros 700,000 expedientes de licencias de armas de fuego.

Advirtió que ya hay que reglamentar el porte y tenencia de armas de fuego, así como la exhibición tanto de civiles como de guardias y policías, cuando no estén en servicio.