Desde que el presidente Danilo Medina anunció la construcción por parte del Estado de las dos plantas de carbón, las Catalina, se agregó que una vez estuviesen operando, el 49% de su capital sería vendido al sector privado y que, mientras tanto, se contrataría a una empresa privada con experiencia para que las administren.
Hace tres meses en una entrevista televisada que le hice al doctor Jaime Aristy Escuder, hoy administrador del proyecto en construcción, este declaró que la venta se realizaría temprano en el 2020. Aunque apareció como noticia de varias columnas en la prensa, nuestros políticos de oposición no reaccionaron, pero ahora que se está constituyendo la empresa que será dueña de la planta y pasadas ya las primarias y la necesidad de buscar material conflictivo para las elecciones, el PRM pide que esa venta de acciones se aclare y tal vez se posponga hasta después de las elecciones.
Para el presidente Danilo Medina hay una razón política y otra económica para hacer la venta ahora, además de cumplir con su compromiso de vender. Si en un concurso logra un precio de venta que cubra más de lo que realmente le ha costado construir (sin excluir gastos) el 49% de las plantas, a pesar de que estas costarán mucho más de lo presupuestado y se entregarán mucho más tarde, dos años después de lo programado, habría hecho un buen “negocio”, una victoria política, pues tal vez habría recuperado su inversión más un margen de beneficio. El inversionista pagaría este alto precio siempre que el margen entre costos (ya comprobados al estar operando la planta) y el precio de venta de la energía, bajo los acuerdos de compra (los PPA), sea tal que haga atractiva la compra a ese precio.
La oposición probablemente prefiere que la venta se haga después de agosto, para que la victoria sea suya. Si no cree que se venda con beneficios, entonces debería dejar que Danilo Medina fracase haciendo la operación. La razón económica es que al Gobierno de Danilo Medina le entraría más de un billón de dólares antes del 16 de agosto próximo y sería muy grande la tentación de gastarlo durante la campaña electoral. La oposición prefiere gastarlo ellos.
Si el Gobierno considera que no tiene que complacer a la oposición, presumiblemente porque la operación no requiere de la sanción de un Congreso por fin deliberante y no simplemente complaciente (¡gracias Leonel!), podrá seguir adelante.
Pero es nuestra opinión que se debe de crear un fideicomiso que reciba la plata para solo entregarla al próximo Gobierno. Quedaría el tema de la preparación de la licitación y la decisión sobre a quién vender. Para eso Danilo Medina bien podría crear una comisión que incluya a representantes de la oposición y así la operación se haría antes de las elecciones. Por supuesto, al igual que el alegato sobre el “fraude” en las primarias del PLD, la oposición, o parte de ella, podría desde el principio oponerse a toda participación en un acuerdo. Creemos que haría un flaco servicio al país.
Se alega que el Gobierno pretende excluir parte de los gastos reales de la inversión para así estar dentro del precio de venta. Sería un error y la comisión que proponemos debe de evitar eso. Lo del arbitraje, por ser impredecible, podría absorberlo el Gobierno, pues un inversionista no podría aceptar esa contingencia.
Hay que admitir que desde el punto de vista del comprador el asunto es complejo. Por un lado, a muchos no interesaría concursar, por tratarse de un carbón ya muy mal visto y para los otros cerrar un contrato a días de unas elecciones, cuando el partido de oposición que luce estar arriba tal vez se opondrá a que se haga la operación, sería riesgoso. Recuérdese la renegociación del contrato de la Barrick por parte de un Gobierno del PLD, el mismo partido que sancionó el primero.
Pero un diferimiento de la venta fortalecería a aquellos que sostienen que debe de mantenerse siempre como una empresa estatal, a pesar del triste y dramático historial del CEA y CORDE.