Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela prohibió el viernes que el dirigente opositor Freddy Guevara abandone el país y ordenó a la Asamblea Constituyente que levante su inmunidad parlamentaria por supuestos delitos cometidos durante las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos.

En un acto de gobierno televisado, el vicepresidente Tareck El Aissami informó que recibió información del máximo tribunal, el cual acordó la remisión a la Constituyente para retirar la inmunidad a Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde 2015, para ser sometido a juicio.

Guevara es uno de los más severos críticos del gobierno socialista venezolano y repetidamente es señalado por Maduro y sus aliados de ser parte de un plan supuestamente orquestado por Estados Unidos para derrocarlo.

La Constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular y establece que para poder someterlos a un proceso judicial, el Tribunal Supremo debe autorizar el retiro de la protección legal.

De acuerdo con la ley, la Asamblea Nacional debería estudiar el caso para luego aprobar una desincorporación temporal de su cargo y adelantar un proceso judicial contra un legislador, pero la Constituyente -que los opositores consideran ilegítima- asumió las competencias del Congreso tras su instalación en agosto y aprobó un decreto en el que asumió las competencias del Congreso.

De acuerdo a la decisión, Guevara incurrió en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir, todos ellos considerados delitos comunes.

El tribunal agregó que dado que los delitos fueron cometidos en flagrancia, el enjuiciamiento de Guevara deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes y tampoco fue procedente el antejuicio de mérito, lo que permitió acelerar las acciones en contra del diputado.

El partido Voluntad Popular, que dirige el encarcelado Leopoldo López y donde Guevara funge como coordinador nacional interino, condenó la acción del gobierno de Maduro y destacó que con ella el gobierno socialista «reafirma su esencia dictatorial» y su control de las instituciones para perseguir a sus adversarios al acusarlos de delitos inexistentes.

Maduro y sus aliados repetidamente han acusado a Guevara y otros opositores de impulsar una oleada de manifestaciones.

La oposición emprendió las acciones de protesta tras dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en marzo en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional. Aunque esas sentencias fueron revertidas, la crisis política que desató se prolongó por cuatro meses.