Venezuela: Corte Suprema ordena toma de activos de DirecTV

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana realizan un procedimiento en la sede principal de DirecTV este viernes, en Caracas (Venezuela). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ordenado este viernes a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ocupar la empresa Directv y restituir la señal de esta empresa de televisión por suscripción, cuyo servicio fue cancelado esta semana por las sanciones impuestas por Estados Unidos al país latinoamericano. EFE
Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana realizan un procedimiento en la sede principal de DirecTV este viernes, en Caracas (Venezuela). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ordenado este viernes a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ocupar la empresa Directv y restituir la señal de esta empresa de televisión por suscripción, cuyo servicio fue cancelado esta semana por las sanciones impuestas por Estados Unidos al país latinoamericano. EFE

CARACAS — El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó el viernes la toma inmediata de todos los inmuebles y activos de la empresa de televisión por suscripción DirecTV, tres días después de que la compañía cesó sus operaciones en la nación sudamericana, donde controlaba cerca de la mitad del mercado.

El máximo tribunal ordenó a la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “tomar posesión inmediata” de los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centros de operaciones y de transmisiones, antenas y cualquier otro equipo de la empresa, señaló un comunicado que difundió la Corte en las redes sociales.

Lea también:

Fiscalía ordena arresto de opositor venezolano por incursión

Irán advierte a EU por caso Venezuela

Asimismo, admitió una acción de amparo de un grupo de usuarios y ordenó a DirecTV, filial de la corporación estadounidense AT&T, “continuar de manera inmediata” con la prestación del servicio, que suspendió sorpresivamente el 19 de mayo alegando que no podía cumplir con las regulaciones de Venezuela y Estados Unidos.

De igual forma, se prohibió la salida del país de los integrantes de la directiva de la empresa de televisión paga y se ordenó la congelación de sus bienes y cuentas bancarias.

Los magistrados de la Sala Constitucional conminaron a Conatel a designar una junta administrativa ad-hoc en DirecTV, la cual estará presidida por Jorge Márquez, que tendrá las “más amplias facultades de administración” para garantizar el inmediato restablecimiento del servicio y los derechos laborales de los trabajadores de la compañía, agregó el escrito.

DirecTV no ha ofrecido hasta el momento comentario sobre la decisión del máximo tribunal.

El secretario de Estado Mike Pompeo señaló el viernes al mandatario Nicolás Maduro de haber expulsado a DirecTV de Venezuela, e indicó, en un mensaje de su cuenta de Twitter, que “proteger a sus cómplices y su dinero es más importante que permitir que diez millones de ciudadanos accedan a información sin censura”.

Al defender la decisión del organismo, la constituyente oficialista María Alejandra Díaz, quien fue una de las abogados que asesoró al grupo de usuarios que solicitó el amparo, dijo que la sentencia ratifica la violación de los derechos e intereses colectivos de los venezolanos y los trabajadores de DirecTV.

Díaz dijo, en una llamada telefónica a la televisora estatal, que la acción de DirecTV forma parte de un “plan político”, y agregó que la Corte instó a Conatel a tomar todos los bienes para, con el apoyo de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), “poder activar el acceso a la información y la comunicación en el país, utilizando parte de esa plataforma”.

El líder opositor Juan Guaidó condenó la acción de Tribunal Supremo y acusó al gobierno de ejercer “amenaza” a DirecTV desde hace años. “Ahora quiere tomar rehenes para evitar que vuelva la señal”, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter.

El dirigente sostuvo que la señal de DirecTV “se puede restituir desde otro país”, y agregó que la oposición está luchando para que se restablezca el servicio.

Analistas consultados por la AP explicaron que la sentencia aleja la posibilidad de una negociación para restablecer la señal de DirecTV en Venezuela, y descartaron que el gobierno pueda recuperar el servicio de manera unilateral tomando los equipos de las empresa.

Fran Monroy, periodista especializado en telecomunicaciones, indicó que el gobierno venezolano “no puede” restituir unilateralmente porque necesita la autorización de AT&T para tener acceso a sus satélites.

El cese de operaciones de DirecTV, que controlaba 45,3% del mercado local de televisión por suscripción, dejó sin empleo a unos 600 trabajadores y representó un duro golpe para cerca de 10 millones de usuarios que quedaron sin uno de los principales entretenimientos en medio del confinamiento que mantienen las autoridades desde mediados de marzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus que ha dejado 872 contagiados y 10 fallecidos.

AT&T dijo el martes en un comunicado que su filial DirecTV cesó sus operaciones en el país sudamericano debido a que era “imposible” que su empresa “cumpla con los requisitos legales” de Venezuela y Estados Unidos.

Por un lado, Washington había decidido no renovar una licencia que le había otorgado a AT&T para continuar transmitiendo el canal de noticias venezolano Globovision, propiedad de un empresario cercano al gobierno que es buscado por supuesto lavado de dinero en Estados Unidos, y el canal de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A., que también está sometida a sanciones.

DirecTV estaba obligada también por regulaciones venezolanas a mantener en su programación un porcentaje de al menos 8% de medios estatales y locales que con la salida de Globovisión y el canal de PDVSA ya no podía cumplir, lo que podía acarrearle sanciones, según explicaron representantes del sector y analistas.

AT&T se sumó esta semana a una larga lista de empresas extranjeras como Kimberly-Clark, The Kellogg Company, General Motors y Pirelli, entre otras, que han salido de Venezuela en los últimos años debido a la compleja crisis económica y los controles estatales que han afectado las operaciones y ganancias de las compañías.