La situación actual de Venezuela y principalmente los hechos que giran en torno a la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino hay que verlos como la culminación de un proceso que la oposición inició tras la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato el pasado 10 de enero del presente año.

El 15 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela (Congreso), de mayoría opositora, al considerar que Nicolás Maduro fue elegido en elecciones que consideraba fraudulentas y que no fueron reconocidas por más de 40 países, lo declaró usurpador de la presidencia. Se recordará que los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática y un conglomerado de fuerzas sociales agrupadas bajo el nombre de Frente Amplio decidieron no participar en las elecciones. Declarando fraude en la convocatoria, el proceso y las elecciones mismas, lo cual fue apoyado por la Unión Europea, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica.

El 21 de enero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reaccionó declarando inválida la directiva de la Asamblea Nacional que se había juramentado el 5 de enero. Al día siguiente, el  22 de enero, la Asamblea Nacional, basándose en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, que establecen las bases para que el presidente del Legislativo ocupe de manera temporal el Ejecutivo, asume las competencias del Ejecutivo y designa como embajador especial ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a Gustavo Tarre Briceño, con el propósito fundamental de coordinar las acciones con el organismo para el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. Luis Almagro secretario general del organismo regional le dio la bienvenida encantado, pues se recuerda que el fenecido presidente Hugo Chávez había retirado a Venezuela de dicho organismo.

El oficialismo rechazó estas acciones basado en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 11 de enero de 2016 que consideró a la Asamblea Nacional en desacato, sosteniendo que todas sus decisiones son nulas. Es en ese sentido que el 23 de enero el Tribunal Supremo de Justicia declara que la Asamblea Nacional está usurpando las competencias del Poder Ejecutivo e insta al Ministerio Público a establecer las responsabilidades de los miembros del Congreso.

Estos son los últimos hechos que llevan a que el mismo 23 de enero, en una acción sin precedentes Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional asuma las competencias del Ejecutivo nacional y se juramente como presidente interino de Venezuela, haciendo políticamente más comprometedor para el gobierno de Maduro un eventual arresto.

El impacto político y diplomático causado por esta noticia, así como el rápido apoyo del presidente estadounidense Donald John Trump despertó el apoyo internacional a un Guaidó ahora convertido, tal vez en el principal líder de la oposición en Venezuela. 17 países lo han reconocido hasta ahora como presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, todos sabemos que lo ocurrido el pasado 23 no es suficiente para que se inicie el anhelado proceso de transición a que arguye Guaidó, puesto que en los hechos Nicolás Maduro sigue detentando el poder.

Lo que si podríamos inferir es que se acerca un desenlace. Luego de la juramentación de Guaidó los bonos de la deuda venezolana repuntaron en cerca de un 10% lo que habla del optimismo de los mercados financieros ante la posibilidad de un cambio. También hubo una rápida aceptación de gran parte de los países del hemisferio occidental a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero también, países como Rusia, China, Cuba, Turquía, Irán, Nicaragua y Bolivia refrendaron su apoyo a Nicolás Maduro.

El reconocimiento recibido por Guaidó es el inicio de un proceso de presión progresiva que enfatizará en el ámbito económico y del petróleo sobre el gobierno de Maduro para que abra espacios de negociación. Pues para la gestión de activos en el extranjero y la compra de petróleo el gobierno de Maduro tendrá que sentarse a la mesa con Guaidó. Pero también se abre un nuevo escenario para la ayuda humanitaria que hasta ahora ha sido rechazada por el gobierno de Maduro. Empero detener la catástrofe venezolana y jalonar la transición conlleva incluir en las negociaciones a alguno de los miembros del grupo de países más arriba mencionado que apoya el régimen de Maduro.

Si bien, lo de Moscú con Venezuela podría ser fundamentalmente una proyección geopolítica. Hay que tener muy presente que con Beijing es diferente, pues está en juego una cuantiosa inversión y préstamos. De hecho, Beijing ha declarado tras bastidores que se ha mantenido apoyando totalmente al régimen de Nicolás Maduro porque temen un escenario de completo caos y lo ven, a él, como un factor de mayor estabilidad. De hecho, con el nuevo ingrediente de una oposición que genera respaldo en todo el país más allá de la clase media y que ahora pareciera tener buen liderazgo y buena estrategia, podría llevar a Beijing a repensar su apoyo total a Nicolás Maduro.

De manera que la amenaza latente de una intervención multilateral puede llevar a unas elecciones justas y libres en un corto tiempo, que al final es la tarea que la Asamblea Nacional le ha adjudicado al diputado Juan Guaidó. Mientras tanto, se profundizará el éxodo de venezolanos con fuertes presiones a la demografía regional por las consecuencias de una migración descontrolada de personas que huyen de la situación de miseria, extendiendo la tragedia venezolana a varios países latinoamericanos, lo cual podría comprometer sus servicios sanitarios y hasta generar posibles brotes xenofóbicos. También aumentará la inquietud en el sector militar. Lo que unido a todo lo previamente señalado mantendrá a Venezuela como el más grave problema hemisférico de las Américas.