El gobierno de Venezuela informó ayer que desconoce la resolución adoptada esta semana por la OEA, la cual califica a las decisiones del Tribunal Supremo como incompatibles con la práctica democrática, por considerar que fue adoptada a través de un “fraude jurídico y procesal”.
En una visita sorpresiva a la sede del organismo en Washington, la canciller Delcy Rodríguez cuestionó que el Consejo Permanente se convocara sin la aprobación de Caracas, que se instalara el lunes pese a la ausencia de su presidente y que adoptara una resolución sin contar con el apoyo de una mayoría simple —mitad más uno de los 34 miembros— de 18 países. Rodríguez alega que cuatro de los 21 países presentes en sala se adoptó la resolución se abstuvieron, por lo que el documento solo tuvo apoyo de 17. “Expondremos en otras instancias internacionales lo ocurrido aquí”, dijo la venezolana a periodistas sin aportar detalles. “Vamos a denunciar lo que aquí ocurrió. Todos los funcionarios en ejercicio tienen responsabilidad si han cometido crímenes.” Durante un acto de gobierno celebrado horas después en el centro de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro afirmó que “Almagro está derrotado”.
“No perdamos el tiempo con esa gente. Cada quien tiene marcada su hora… Ya a la OEA le pasó su tiempo, ya es cuestión del devenir histórico para que la OEA termine hundiéndose en el olvido y el desprecio histórico”, agregó Maduro ante seguidores en una zona rural del estado central de Guárico. Un alto diplomático estadounidense que solicitó anonimato por no estar autorizado a conversar con periodistas dijo que los compromisos adquiridos al formar parte de la OEA y a través de la Carta Democrática Interamericana impiden a Venezuela desconocer la resolución, la cual contó con el visto bueno de Washington. Los reglamentos de la OEA no tipifican sanción alguna para los Estados miembros que desconozcan resoluciones adoptadas por el Consejo Permanente, pero sí existe un procedimiento para suspender a Estados donde hayan ocurrido alteraciones del orden constitucional que afecten gravemente su orden democrático.